A 189 días de la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la comunidad educativa volvió a visibilizar el conflicto con clases públicas en la Plaza Independencia. El reclamo local refleja una crisis nacional que impacta en salarios, becas y funcionamiento.
A 189 días de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, el sistema de universidades públicas atraviesa uno de sus momentos más críticos en años. La norma, sancionada por el Congreso para garantizar actualización presupuestaria, becas y recomposición salarial, continúa sin aplicarse por decisión del Ejecutivo nacional, en un contexto de recortes que afectan de manera directa el funcionamiento académico y científico en todo el país.
En ese marco, y en plena semana de paro docente, la comunidad de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) llevó adelante ayer una jornada de visibilización en Tandil con la instalación de una carpa en la Plaza Independencia. Allí se desarrollaron clases públicas, charlas y actividades abiertas, en línea con un plan de lucha que se replica en distintas universidades del país.
Lejos de tratarse de un reclamo aislado, la protesta sintetiza un deterioro acumulado. Desde la comunidad universitaria advierten que el desfinanciamiento no solo afecta los salarios —que registran una pérdida sostenida de poder adquisitivo— sino también el sostenimiento de becas, proyectos de investigación y el funcionamiento cotidiano de las facultades.
El trasfondo es estructural: la falta de aplicación de la ley votada por el Congreso pone en jaque a un sistema que históricamente funcionó como motor de movilidad social y desarrollo regional. En ciudades intermedias como Tandil, el impacto es aún más profundo. La UNICEN no solo forma profesionales, sino que articula con el entramado productivo, científico y tecnológico local, por lo que cualquier ajuste repercute directamente en la economía y el futuro de la ciudad.
La instalación de la carpa universitaria formó parte de una estrategia para trasladar el conflicto al espacio público y sostener el reclamo en agenda. “Es una acción que se realiza en todo el país para visibilizar que hace 189 días no se aplica la ley”, señalaron desde el sector docente.
El conflicto universitario deja así de ser sectorial para convertirse en un debate político de fondo: el rol del Estado en el financiamiento de la educación pública y el lugar que ocupa el conocimiento en el modelo de país. En Tandil, esa discusión ya no se da solo en las aulas, sino también en la calle.
