Uber, Municipio y remises: una denuncia que pone bajo sospecha el uso del poder estatal en Tandil

Un chofer de Uber absuelto por la Justicia pasó a la ofensiva y presentó una denuncia penal contra el director de Control Urbano Vehicular de la Municipalidad de Tandil, Walter Villarruel, y contra Daniel Emiliozzi, propietario de la remisería «Remis Tandil». Los cargos: abuso de autoridad y amenazas coactivas, previstos en los artículos 248 y 149 bis del Código Penal.
La presentación judicial fue realizada por Matías Joel Marincioni y recayó en la instrucción penal preparatoria bajo la carátula de averiguación de ilícito. Para él, lo que el municipio presentó como un control de tránsito de rutina fue en realidad una trampa armada en conjunto entre funcionarios públicos y un empresario del sector remisero con intereses directos en sacar a Uber de la ciudad.

Cómo fue la «emboscada»
Los hechos se remontan al 27 de marzo de 2025. Marincioni aceptó un viaje a través de la plataforma Uber desde Belgrano y 9 de Julio hasta Machado y Alem. Al llegar al destino, lo esperaba un operativo municipal encabezado por el propio Villarruel, quien le informó que su carnet sería retenido y su vehículo secuestrado por considerar que Uber opera ilegalmente en Tandil.
El conductor alegó tener toda la documentación en regla e intentó mover el auto para evitar la grúa, lo que derivó en un choque menor. Fue detenido, acusado de desobediencia y tentativa de homicidio, y pasó la noche en un calabozo de la comisaría Segunda.
Lo que Marincioni no sabía era quién era realmente el pasajero que había pedido el viaje. Al recuperar la libertad, otros choferes de Uber le confirmaron que el hombre que lo había amenazado de muerte durante el operativo —»Si volvés a manejar Uber la próxima te prendo fuego el auto, te busco y te mato»— era Daniel Emiliozzi, dueño de «Remis Tandil». Para el denunciante, eso cerró el círculo: el operativo había sido coordinado de antemano.

La Justicia anuló todo
El caso pasó primero por el Juzgado de Faltas, que sancionó a Marincioni. Pero en la apelación, el Juzgado Correccional revirtió la condena: el juez Pocorena declaró nulo todo el procedimiento y absolvió al conductor. El fallo cuestionó el uso de la figura del «agente revelador», una herramienta reservada para investigaciones de delitos graves como narcotráfico o trata de personas, aplicada aquí para detectar una simple infracción administrativa.
Con esa sentencia como base, la defensa presentó la denuncia penal. El escrito sostiene que los funcionarios municipales «desnaturalizaron el ejercicio de fiscalización» al participar de un operativo ilegal instigado por un empresario privado con intereses en el conflicto.

Qué pide la querella
Para probar la connivencia entre el funcionario y el remisero, la querella solicitó al juez que requiera al municipio el acta del operativo y cualquier comunicación interna entre la Dirección de Transporte y la remisería de Emiliozzi previa al 27 de marzo. También pidió los registros de operativos del último año —para detectar si hubo un patrón sistemático contra conductores de apps— y el relevamiento de las comunicaciones telefónicas entre los denunciados durante las 48 horas anteriores al incidente.
La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal. Marincioni cerró su presentación afirmando que vive con «un temor inexplicable por su vida» y que las supuestas influencias de Emiliozzi lo mantienen en alerta permanente.
El expediente pone ahora bajo la lupa algo que excede el caso individual: si el municipio de Tandil usó el aparato estatal para proteger intereses privados del sector remisero en su guerra contra Uber.