Tras una sesión cargada de tensión, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor. La Libertad Avanza, con el apoyo de bloques aliados y gobernadores del PJ, logró destrabar un marco normativo que el Ejecutivo calificó de «confuso» y «absurdo». Desde la Oficina del Presidente celebraron la sanción como un triunfo del federalismo y el progreso sobre lo que denominaron «trabas ideológicas».
El fin de la protección absoluta del periglaciar
El núcleo de la reforma aprobada modifica la ley 26.639 sancionada en 2010. El cambio fundamental radica en que ya no se protegerá a todo el ambiente periglaciar de manera genérica, sino únicamente a las geoformas que cumplan funciones hídricas comprobadas científicamente.
Según el comunicado oficial, la redacción anterior prohibía actividades mineras incluso donde no había nada que proteger. Con este nuevo esquema, el Gobierno asegura que se garantiza la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones por US$20.000 millones, especialmente en las provincias integrantes de las Mesas del Litio y el Cobre (Catamarca, San Juan, Jujuy, Salta y Mendoza).
Dardos contra el ambientalismo y Greenpeace
La celebración oficial incluyó duras críticas hacia las organizaciones ambientales que se manifestaron frente al Congreso, donde incluso hubo detenciones de activistas de Greenpeace. El Gobierno acusó a estos sectores de ser «enemigos del progreso» y de responder a «agendas extranjeras».
«Los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empecinados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder», sentenció el texto publicado por la Oficina del Presidente, reforzando la narrativa de que el cuidado del ambiente y el crecimiento económico deben ser motores complementarios y no enemigos.
Poder total para las provincias
Uno de los puntos más celebrados por el presidente Javier Milei fue la devolución de la competencia ambiental a las provincias, titulares originarias de los recursos naturales según la Constitución. Acompañado por el agradecimiento explícito a gobernadores como Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca), el Gobierno nacional ratificó que ahora cada jurisdicción tendrá el poder de identificar y administrar sus reservas hídricas de manera «técnica y realista».
La reforma, resistida por gran parte de la comunidad científica y los sectores opositores más duros, marca un punto de inflexión en la política soberana de explotación de recursos, priorizando la llegada de capitales en un contexto de profunda recesión económica.
Fuente: La Nación
