El futuro de la Ruta 226 y otros corredores nacionales estratégicos quedó en el centro de una fuerte disputa política y administrativa. El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, denunció públicamente una serie de irregularidades en el proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional y solicitó la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo como veedora. Según el funcionario, la transparencia del proceso está en duda tras detectarse cambios sustanciales en los pliegos de condiciones apenas una semana antes del vencimiento de los plazos para presentar ofertas.
La controversia escaló cuando la provincia de Buenos Aires, a través de la empresa estatal Aubasa, se postuló para administrar tramos clave que incluyen también la Ruta 3 y la Autopista Riccheri. Katopodis advirtió que la modificación de 33 artículos del proceso licitatorio a último momento marca una clara arbitrariedad que busca desplazar a la firma bonaerense. Para el ministro, si Aubasa quedara fuera de la competencia no sería por una cuestión técnica, sino por una decisión política que comprometería la credibilidad del Estado y la confianza de los inversores.
Desde la Gobernación insisten en que la empresa pública provincial cuenta con los estándares de servicio y la capacidad financiera necesaria para operar estos tramos, destacando su gestión superavitaria en la Autopista Buenos Aires–La Plata. Katopodis alertó además sobre la posibilidad de que el nuevo esquema esconda un modelo de negocios basado exclusivamente en el incremento de la recaudación mediante peajes más caros y la instalación de nuevas cabinas de cobro. El conflicto ahora queda en manos de los organismos de control, mientras el Ministerio de Infraestructura promete un seguimiento estricto para evitar que la adjudicación termine convertida en un beneficio para sectores específicos en detrimento del estado de las rutas.
