En un giro inesperado y monumental para las finanzas argentinas, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de la jueza Loretta Preska que obligaba al Estado a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012. El tribunal de alzada no solo anuló el multimillonario pago al fondo Burford Capital, sino que ratificó que la petrolera fue correctamente exculpada del proceso.
Un respiro histórico para el Estado
Los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson fueron tajantes: sostuvieron que los reclamos de los fondos buitre por supuestos daños y perjuicios «no son admisibles conforme al derecho argentino». Con esta resolución, se cae —al menos por ahora— la demanda más grande que un Estado soberano haya enfrentado jamás en los tribunales de Estados Unidos.
El fallo es un espaldarazo a la estrategia de defensa que venía sosteniendo el país desde 2015, y que recientemente contó con un guiño clave del Departamento de Justicia de los EE. UU., que se había pronunciado a favor de la postura argentina.
Milei celebró: «Acá está la gestión»
El presidente Javier Milei no tardó en capitalizar la noticia. Desde la Rosada, calificó la jornada como «un día de mucha alegría» y le puso un número actualizado al ahorro: 18.000 millones de dólares (contando intereses acumulados). «Gracias al trabajo de la compañía y del equipo de abogados, se logró evitar este pago. Acá está la gestión», subrayó el mandatario, vinculando el éxito judicial a su reunión con el CEO de YPF, Horacio Marín.
El último round: la Corte Suprema
Aunque el clima es de euforia, en los pasillos legales de Manhattan saben que esta no es la palabra final. A los fondos demandantes les queda una última bala: apelar ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Sin embargo, el fallo de la Cámara de Apelaciones es tan sólido en sus argumentos sobre el derecho local que deja a la Argentina en una posición de fuerza inédita. Lo que para Axel Kicillof —arquitecto de la estatización— era una defensa de la soberanía, y para la jueza Preska una violación de estatutos, hoy para la justicia neoyorquina es un reclamo «sin fundamento».
