La gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa sumó un capítulo judicial explosivo. La diputada nacional Lourdes Arrieta presentó una denuncia penal contra el actual senador por «malversación de caudales públicos» y «abandonó de persona», vinculada al estado terminal de IOSFA, la obra social que asiste a militares y fuerzas de seguridad.
Una deuda que voló por los aires
El corazón de la denuncia se basa en una auditoría interna (Documento 9/2025) que revela datos escalofriantes: en apenas un año y medio, la deuda de la entidad saltó de 44.000 millones a 210.000 millones de pesos. Si se suman los intereses de los cuestionados préstamos tomados con el IAF, el rojo financiero rozaría hoy los 300.000 millones, dejando a la que fuera la tercera obra social más grande del país al borde de la desaparición.
Pacientes a la deriva: «Abandono de persona»
Más allá de los números, la acusación de Arrieta apunta al impacto humano. La falta de pago a prestadores derivó en el corte de servicios básicos en ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca y gran parte del norte del país. Los testimonios de los afiliados son desesperantes:
Falta de insulina y medicamentos para enfermedades crónicas.
Interrupción de tratamientos oncológicos por falta de provisión de drogas especiales.
Suspensión de cirugías y estudios de alta complejidad.
«Pasamos de tener reservas financieras a una crisis estructural que deja a miles de familias sin atención médica», sostuvo la legisladora, quien también denunció trabas para acceder a documentación clave durante el proceso.
Entre la interna y la justicia
La causa quedó en manos del juez Daniel Rafecas. Mientras tanto, la crisis sanitaria militar se convirtió en un campo de batalla político: la vicepresidenta Victoria Villarruel también cargó contra Petri, recordándole el «vaciamiento» de la obra social en medio de una interna oficialista que no da tregua. Para los 600.000 afiliados, la realidad es una sola: siguen pagando aportes por un servicio que, en la práctica, ya no existe.
