La salida de Marco Lavagna del INDEC no fue el final del conflicto, sino el comienzo de una batalla judicial. Diputados de Unión por la Patria presentaron una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, acusándolo de frenar la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para evitar que la inflación oficial refleje el impacto real de los aumentos de tarifas.
La acusación: ¿Peras con manzanas?
Los legisladores Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca sostienen que el ministro incurrió en delitos como falsificación de documentos públicos y vulneración del secreto estadístico. El eje de la denuncia es que el INDEC ya tenía listo un nuevo sistema de cálculo (basado en consumos actuales) para lanzarse en enero de 2026, pero Caputo habría ordenado mantener la metodología vieja.
Según la oposición, el objetivo es claro: el índice actual le da menos peso a los servicios que el nuevo, por lo que el «tarifazo» impactaría menos en el número final de inflación. Esto tiene un efecto dominó directo, ya que un IPC «planchado» afecta la actualización de las jubilaciones y los acuerdos paritarios.
La respuesta oficial
Fiel a su estilo, el ministro de Economía desestimó la denuncia y la calificó como «un clásico de la oposición». Caputo explicó que la decisión de postergar el cambio metodológico fue una orden directa del Presidente para evitar «comparar peras con manzanas» en medio de un proceso de desinflación. Según el funcionario, la salida de Lavagna fue «amigable» y el cambio se hará cuando la economía esté más estabilizada.
El fantasma de la intervención
Para muchos analistas, esta situación trae recuerdos de la intervención del organismo en 2007. La falta de un director técnico de carrera y la postergación de un índice que ya estaba listo para salir ponen en jaque la confianza de los mercados y de la ciudadanía en los datos oficiales, justo cuando el Gobierno más necesita mostrar resultados creíbles.
