La senadora Juliana Di Tullio presentó una denuncia penal que también alcanza a la esposa del ministro y a funcionarios de Cancillería por una contratación directa de más de $114 millones.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quedó en el centro de una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal por la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio, quien lo acusa de presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
La presentación judicial no sólo apunta al funcionario, sino también a su esposa, Josefina Rouillet —directora ejecutiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI)—, al canciller Pablo Quirno y a otros funcionarios de la Cancillería. Los delitos señalados son “defraudación contra la administración pública”, “encubrimiento” y presunto “tráfico de influencias”.
El contrato bajo la lupa
El eje de la denuncia es una contratación directa por más de 114 millones de pesos que el Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó a la AACI para dictar cursos de inglés a diplomáticos, sin licitación pública. Según el escrito, la adjudicación fue instrumentada por la Subsecretaría de Coordinación y Administración de la Cancillería mediante una disposición firmada por la funcionaria María Cristina Dellepiane.
Di Tullio sostiene que no puede descartarse una eventual mediación del ministro ante autoridades de la Cancillería para favorecer a la institución que dirige su cónyuge. Además, acusa al canciller Quirno de “omisión de denuncia”, al considerar que defendió públicamente la contratación en lugar de impulsar una investigación interna.
La denuncia también solicita que se investigue a responsables de áreas técnicas y administrativas que avalaron el proceso, entre ellos directores de Recursos Humanos, Compras y Contrataciones, Asuntos Jurídicos y autoridades vinculadas a la Oficina Anticorrupción.
Gastos en oficinas y cuestionamientos políticos
El caso se conoció días después de que trascendiera que la cartera que encabeza Sturzenegger habría destinado 720 millones de pesos al alquiler de cuatro pisos de oficinas en el microcentro porteño y 24 cocheras, en aparente contradicción con la política oficial de reducción del gasto y el programa de “alquiler cero” impulsado desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Desde el entorno del presidente Javier Milei aseguraron que el mandatario respalda “plenamente” al ministro. En la Casa Rosada argumentan que el vínculo contractual con la AACI se remonta a 2018, que Rouillet no es propietaria sino empleada de la institución y que se trata de una entidad educativa de reconocida trayectoria.
También relativizan el monto del contrato y sostienen que la Cancillería requiere servicios especializados para la formación y capacitación de su personal diplomático. Sin embargo, no ofrecieron precisiones sobre por qué no se realizó un proceso de licitación pública ni respondieron a las críticas por los alquileres de oficinas.
Antecedentes y controversia
La polémica estalló en paralelo al debate por la reforma laboral, donde Sturzenegger defendió públicamente el artículo que habilitaba descuentos salariales en casos de ausentismo por enfermedad, finalmente retirado del proyecto.
Mientras la oposición exige explicaciones y avanza con la vía judicial, el oficialismo insiste en que no existió irregularidad alguna. Será ahora la Justicia Federal la que deberá determinar si existieron o no delitos en las contrataciones cuestionadas.
