El Senado aprobó la modernización laboral con 42 votos afirmativos y 30 negativos. La Libertad Avanza logró el apoyo del PRO, la UCR y bloques de gobernadores para imponer una amplia mayoría. Los rechazos vinieron desde el bloque peronista que no tuvo divisiones y de los dos senadores por Santa Cruz del gobernador Claudio Vidal.
A última hora, el oficialismo negoció cambios en el proyecto a favor de los gremios sacando del texto final la caída de los aportes solidarios a los sindicatos. Si bien se mantuvo la baja del tope al 2%, el proyecto original hacia caer la obligatoriedad y los hacia voluntarios. El argumento del bloque libertario es que se iba a generar una implosión en muchos sindicato, sobre todo, en la estructura de hotelería y centros deportivos afectando a ciudades del interior.
“No estamos prometiendo milagros, estamos trayendo alternativas concretas, Argentina necesita generar trabajo y eso se genera con competitividad”, dijo Patricia Bullrich en el cierre del debate.
En el bloque Justicialista, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, remarcó que el gobierno terminó cediendo ante la presión de los gremios. “Se han arrodillado ante la caja de los gobernadores, ante los bancos, ante la CGT y lo único que hacen con esta ley es manotearle la plata a los jubilados y la dignidad a los trabajadores”, sostuvo.
En el mismo interbloque peronista, la jujeña Carolina Moisés, que responde a la línea de los gobernadores dialoguistas, confirmó que su bloque Convicción Federal iba a rechazar el proyecto pero con críticas internas. “Es una pena que el peronismo que tuvo al trabajador como columna vertebral del movimiento no haya podido estar a la altura de las circunstancias”, remarcó haciendo hincapié en las cuentas pendientes que dejaron las últimas gestiones peronistas.
Por último, desde la UCR, el correntino Edgardo Vischi reflexionó: “La ley es mejorable y podemos seguir discutiendo todo el año porque la tecnología está haciendo cambios importantes, por lo menos es una invitación a discutir el tema. Fue positivo sacar el impuesto a las Ganancias como beneficio que afectaba a las provincias”.
Los cambios que se aceptaron en el recinto
Entre los cambios más significativos es la exclusión de la rebaja en el Impuesto a las Ganancias para empresas. Esta medida era fuertemente resistida por los gobernadores provinciales, quienes veían amenazada su recaudación fiscal. Al retirar este punto, el oficialismo logró destrabar el apoyo de senadores que responden directamente a los mandatarios provinciales.
Otro de los puntos más sensibles de la reforma toca directamente el bolsillo ante un despido. Se ha modificado el cálculo de la antigüedad específicamente para aquellos trabajadores que ya hubieran cesado un vínculo laboral previo con el mismo empleador.
Bullrich destacó que el texto final es producto de «mesas y horas de trabajo» y subrayó dos ejes fundamentales: Fin de la “industria del juicio” ya que el proyecto incluye normativas para limitar los litigios laborales que, según el oficialismo, frenan la contratación de nuevos empleados y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que creará un nuevo régimen de indemnizaciones financiado con recursos de la ANSeS. Por propuesta del radicalismo, los aportes serán diferenciados: las grandes empresas contribuirán con un 1%, mientras que las PyMEs aportarán un 2,5% (con topes variables de hasta el 3% bajo control parlamentario). (Data Clave)
