En diciembre, el juez federal Adrián González Charvay ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, tras la decisión del Gobierno nacional que había suspendido su vigencia. Contra eso, el Poder Ejecutivo había presentado una apelación. Si bien la cuestión ahora la debe definir la Cámara Federal de San Martín, el magistrado federal le recordó al Gobierno que la normativa debe estar implementada y en plena ejecución antes del 4 de febrero.
En una resolución dictada esta semana, el juez además intimó al Estado Nacional para que “en el plazo de cinco (5) días informe y acredite con las constancias respectivas, el avance de los trámites tendientes al cumplimiento de la sentencia” dictada en la causa.
El fallo que el Gobierno se niega a cumplir había declarado inválido el artículo 2 del decreto 681/2025, con el que el Ejecutivo mantuvo frenada la ley pese a la insistencia del Congreso tras el veto inicial de Javier Milei. Para el magistrado, esa maniobra violó el mandato constitucional y se apoyó en un argumento económico que calificó como engañoso, al recordar que la propia norma habilita la reasignación de partidas.
La resolución también puso el acento en el impacto humano de la suspensión, al describir una “alarmante pérdida de poder adquisitivo” que afecta la calidad y continuidad de las prestaciones, y al advertir sobre una situación de vulnerabilidad extrema para personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten. Todo este escenario es el que está ahora en manos de la Cámara Federal de San Martín. (Data Clave)
