23 organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por organismos de defensa de los derechos humanos, reclamaron en una declaración conjunta que el Congreso rechace el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, mediante el cual el gobierno reformó el funcionamiento del sistema de inteligencia argentino.
Ese DNU firmado por el presidente Javier Milei el 31 de diciembre genera una amplia reforma y le otorga más atribuciones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sin un debate previo en el Parlamento.
Las organizaciones dijeron que ese decreto es “manifiestamente inconstitucional”, “rompe consensos básicos”, “amplía el margen de discrecionalidad estatal”, “debilita los controles” y posibilita prácticas que se creían superadas en gobiernos democráticos.
Este viernes vence el plazo para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remita el decreto al Congreso, tal como fija la ley de DNU. Desde ese momento, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tendrá diez días hábiles para dictaminar. Cumplido ese lapso, cualquiera de las dos cámaras -Senado o Diputados- quedará habilitada para llevar el decreto al recinto y votarlo. Para rechazarlo se requiere mayoría absoluta: 37 senadores o 129 diputados.
“El DNU obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales de la población con la SIDE, sin establecer procedimientos concretos ni mecanismos de control. El decreto se vuelve así una herramienta para realizar vigilancia masiva”, dice declaración.
“El decreto no prevé ningún tipo de control ciudadano sobre el accionar de la SIDE y concentra todavía más poder en esta agencia. Puede pedir información a provincias y municipios, aprobar presupuestos secretos, compartir tus datos con agencias de otros países sin autorización judicial. Y todo bajo absoluto secreto. Nadie sabrá qué hacen con tu información ni a quién se la da”, agrega.
Los organizmos advierten que por primera vez en democracia, los agentes de inteligencia pueden proceder a la “aprehensión” de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial.
Hasta ahora los agentes de la SIDE colaboraban en investigaciones judiciales, pero los arrestos y allanamientos siempre fueron ordenados por los jueces a cargo de la causas en trámite.
Los organismos dicen que “esto deja habilitado el camino a detenciones arbitrarias, a la persecución y a la intimidación. Es transformar a los servicios de inteligencia en una especie de policía secreta y sin control”.
También recuerdan que durante décadas, Argentina trabajó para separar claramente defensa (militares) de seguridad interna (policías). «Era una lección aprendida de la dictadura: los militares no deben ejercer funciones de control de la población civil. Este decreto permite que las Fuerzas Armadas realicen tareas de inteligencia sobre «organizaciones no estatales» —sin aclarar cuáles ni los criterios que harían que las organizaciones ingresaran en esa categoría— y les quita el control civil. Es un retroceso histórico peligroso», advierten.
En este DNU se expande de manera significativa el concepto de contrainteligencia, que pasa a incluir la prevención de acciones de infiltración, espionaje, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades públicas, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general, incluso en “abordajes multidimensionales” de actores estatales y no estatales.
Las organizaciones que firman la declaración son las siguientes:
Amnistía Internacional Argentina
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas / CAJE
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Poder Ciudadano
CELS
Democracia en Red
Fundación SES
Fundación Vía Libre
Campaña Argentina por el Derecho a la Educaciòn (CADE)
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)
Fundación para el Desarrollo Humano Integral
Fundación Protestante Hora de Obrar
Xumek- Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos
Fundación Cambio Democrático
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED)
Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF)
Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES)
Consciente Colectivo
Fundación Huésped
Greenpeace
Federación Ecuménica de Cuyo (FEC)
Fuente: DC
