El gasto público durante 2025 dejó una postal clara sobre las prioridades del Estado. Mientras los fondos destinados a salud, educación, obra pública, desarrollo social y transporte sufrieron fuertes recortes, la inversión en inteligencia avanzó en sentido contrario. Así lo expuso un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analizó la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional.
El relevamiento indicó que el gasto total ejecutado en 2025 registró una caída real del 29% interanual en comparación con 2023, un dato que refleja un ajuste profundo en áreas sensibles del Estado. En ese contexto, el documento señaló que los recortes no fueron homogéneos y que algunos organismos mostraron comportamientos opuestos al promedio general.
Al observar el desempeño por dependencias, el informe subrayó que la Secretaría de Inteligencia del Estado, bajo la órbita de Presidencia de la Nación, tuvo un incremento del 52% respecto de 2023. A la par, destacó que los Servicios de Deuda Pública concentran el 8% del gasto total, manteniendo un peso significativo dentro de la estructura presupuestaria.
La contracara aparece en el sistema sanitario. CEPA detalló recortes severos en la Superintendencia de Servicios de Salud (-72%), en hospitales nacionales, con ajustes que van del 20% al 42%, y en organismos clave como el Instituto Malbrán (-26%) y la ANMAT (-25%). También se registró una caída del 38% en el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, mientras que el INCUCAI fue una excepción con un aumento del 24% en su ejecución.
Dentro del área de salud, el informe alertó sobre programas virtualmente paralizados. Entre ellos se encuentran Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (-100%), Prevención de Enfermedades de Patologías Específicas (-88%), Prevención de Enfermedades Endémicas (-71%) y Respuesta al VIH, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra (-1%). El único rubro que mostró un dato positivo fue Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, con una suba del 5%.
El ajuste también impactó de lleno en el sistema científico. Según CEPA, los recortes fueron generalizados, con desplomes en el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación (-82%), CONAE (-19%), CONICET (-32%), el Servicio Geológico Minero Argentino (-25%), el Servicio Meteorológico Nacional (-34%), la Fundación Miguel Lillo (-32%) y CONEAU (-8%).
En materia de seguridad social y desarrollo social, el informe consignó un recorte del 5% en ANSES, del 73% en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y del 73% en INAES. A nivel de programas, se observó una caída casi total en Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social (-100%), Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia (-90%) y Comedores Comunitarios y Merenderos (-52%).
El ajuste también alcanzó al entramado productivo y energético. La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo sufrió un recorte del 72%, mientras que INTA e INTI cayeron un 41% cada uno. En energía, los recortes impactaron en la Comisión Nacional de Energía Atómica (-42%), la Autoridad Regulatoria Nuclear (-14%), ENRE (-13%) y ENARGAS (-32%).
Ni siquiera las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas quedaron al margen. El informe marcó caídas del 31% en la Policía Federal, 29% en Gendarmería y Prefectura Naval, y recortes en el Ejército (-18%), la Armada (-20%) y la Fuerza Aérea (-22%).
En el plano educativo, los números muestran ejecuciones casi nulas en programas estratégicos como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-100%). También se registraron fuertes bajas en Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles (-90%), Becas y Gestión Estudiantil (-78%), Acciones de Formación Docente (-75%), Infraestructura y Equipamiento (-37%) y Desarrollo de la Educación Superior (-29%).
El panorama se completa con transporte y obra pública, donde la ejecución fue calificada como extremadamente baja, con caídas que van del 74% al 100%, en línea con la paralización del sector durante la gestión de Javier Milei. Los mayores retrocesos se dieron en Infraestructura en Municipios (-100%), Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación (-98%), Construcción de Túneles y Puentes Grandes (-95%), Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional (-95,2%), Desarrollo de Obra Pública (-93,5%), la Cuenca Matanza–Riachuelo (-92%) y Rutas Seguras (-89%), mientras que Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios cayó un 75%.
Las transferencias del Tesoro Nacional a provincias y municipios también mostraron retrocesos marcados. Se registraron caídas del 98% en Asistencia Financiera y Técnica a Municipios, del 100% en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, del 100% en Asistencia Financiera a Provincias y Municipios, además de bajas del 92% hacia entes de la Secretaría de Obras Públicas y del 77% a la Secretaría de Energía. El programa Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional presentó una disminución del 68%.
Al evaluar el escenario general, desde CEPA señalaron que “la Administración Pública Nacional atraviesa una reducción marcada de su ejecución presupuestaria” y advirtieron que esta dinámica está “afectando programas clave”. En esa línea, remarcaron que “la magnitud de los recortes en programas de impacto social y productivo plantea un escenario de alta preocupación respecto a la continuidad de políticas públicas esenciales en un contexto económico desafiante”.
