La trama que hoy mantiene en jaque al Gobierno de Javier Milei comenzó con audios. Grabaciones que, lejos de quedar solo en el plano del escándalo mediático, activaron una investigación judicial que terminó por desnudar un complejo entramado de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo que empezó como una denuncia periodística terminó convertido en una causa federal con imputados, pruebas materiales y un organismo estatal disuelto en medio del proceso.
Las primeras revelaciones fueron difundidas por Carnaval Stream y Data Clave, que expusieron conversaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, entonces titular de la ANDIS y hombre de confianza de Karina Milei. En esos audios se describía con crudeza un mecanismo de recaudación ilegal a partir del manejo de contratos, pagos y autorizaciones vinculadas a prestaciones para personas con discapacidad, un área especialmente sensible del Estado.
En esos mismos audios también se mencionan figuras cercanas al mandatario, como Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei. La sola aparición de esos nombres profundizó el impacto político del caso y aceleró las decisiones dentro de la Casa Rosada respecto del futuro del área, en un contexto en el que el Gobierno buscaba contener un escándalo que comenzaba a escalar más allá de la ANDIS.
La investigación periodística puso en evidencia un sistema aceitado en el que empresarios, intermediarios y funcionarios se beneficiaban a través de retornos y favores cruzados. Según el avance posterior de la causa judicial, el esquema se apoyaba en la manipulación de expedientes, el direccionamiento de pagos y la utilización de la estructura del organismo para obtener beneficios económicos personales, en abierta contradicción con las funciones originales de la agencia.
Con la difusión de los audios, la causa quedó en manos del fiscal federal Ramiro Picardi, quien avanzó rápidamente en la reconstrucción del modus operandi. La justicia federal determinó que no se trataba de hechos aislados sino de una operatoria sistemática, con roles definidos y circuitos de dinero que involucraban tanto a funcionarios como a empresarios ligados al sistema de prestaciones.
Los allanamientos marcaron un punto de inflexión. En el marco de esos procedimientos se secuestró documentación, dispositivos electrónicos y sumas de dinero que reforzaron la hipótesis de corrupción. Uno de los momentos más comprometedores fue el hallazgo de 80 mil dólares en una caja de seguridad vinculada a Spagnuolo, un dato que agravó su situación procesal y terminó de sellar su salida del organismo.
La denominada tarde negra para el exfuncionario incluyó también la renuncia de sus abogados defensores, en un contexto en el que la acumulación de pruebas comenzaba a tornar indefendible su posición. A partir de ese momento, el expediente dejó de girar en torno a los audios para concentrarse en las indagatorias y en la eventual responsabilidad penal de los involucrados.
Mientras tanto, la investigación judicial avanza en Comodoro Py. En las últimas semanas se negó a declarar Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo e hija de Miguel Ángel Calvete, señalado en el expediente como presunto jefe de una asociación ilícita. Su silencio se produjo en un contexto en el que la fiscalía continúa profundizando la responsabilidad de los distintos actores del entramado.
El avance judicial permitió identificar quién es quién dentro del entramado y cómo funcionaba el circuito de coimas. Según la investigación, las maniobras se apoyaban en la utilización de la ANDIS como plataforma para desviar fondos y condicionar decisiones administrativas, en detrimento directo de las políticas públicas destinadas a personas con discapacidad.
Mientras la justicia federal profundiza las indagatorias y todo apunta a que el expediente podría convertirse en la primera causa con condenas por corrupción durante el gobierno de Javier Milei, el Poder Ejecutivo anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad. La medida, presentada oficialmente como una reorganización administrativa, funciona en los hechos como una admisión implícita de que el organismo estaba atravesado por prácticas corruptas.
La decisión de eliminar la ANDIS y trasladar sus funciones se produce cuando el caso ya dejó de ser una denuncia periodística para transformarse en un proceso judicial avanzado. En ese contexto, la causa que nació de una investigación de Data Clave y Carnaval Stream se consolidó como el episodio que más daño político le generó hasta ahora a la administración libertaria, al poner en evidencia que el discurso anticorrupción no logró evitar que uno de sus propios organismos quedara bajo sospecha penal.
En paralelo, la investigación continúa bajo la órbita de la justicia federal, con indagatorias en curso y nuevas medidas de prueba, mientras el Ministerio de Salud absorbe las funciones de un organismo que deja de existir formalmente, pero cuya trama de corrupción sigue siendo analizada en los tribunales. (Data Clave)
