En un nuevo capítulo de la crisis industrial que atraviesa el país, la multinacional de electrodomésticos Whirlpool confirmó el cierre inmediato de su fábrica en el partido de Pilar, lo que implicó el despido de 220 trabajadores. El anuncio tomó por sorpresa a todo el personal y volvió a encender las alarmas sobre el impacto social del desplome de la actividad y la ola de importaciones.
La compañía explicó que el cierre responde al derrumbe de ventas y a la diferencia de costos, que vuelve más barato traer productos del exterior que fabricarlos en el país. Una decisión que llega en pleno debate por las políticas económicas del Gobierno nacional y su apertura de mercado, señalada por los trabajadores como la causa central del golpe a la industria local.
La planta había sido inaugurada en 2022 con una inversión de 50 millones de dólares y fue presentada como la más moderna del mundo en la fabricación de lavarropas. Sin embargo, la caída de la producción fue fulminante: pasó de 600 a 400 unidades diarias, mientras que los electrodomésticos importados llegaron a costar hasta un 50% menos que los nacionales.
“Hasta ayer producíamos normal y hoy de golpe fue el cierre”, relató Ignacio Cabezas, uno de los trabajadores afectados. Los empleados denunciaron la falta total de anticipación y apuntaron contra la estrategia del Ejecutivo nacional, que habilita el ingreso de productos importados en un contexto de recesión.
La empresa comenzó negociaciones con la Unión Obrera Metalúrgica para acordar el esquema de indemnizaciones y un plus extra, mientras que mantendrá únicamente su oficina comercial y centro de distribución, donde seguirán trabajando 110 empleados.
Pilar cierra así un año crítico: más de 1.500 despidos industriales acumula el distrito solo en 2025. El caso de Whirlpool vuelve a poner en escena la discusión por el rumbo productivo del país, el rol del Estado y las consecuencias concretas de la falta de políticas de protección a la industria nacional. (PP)
