Mediante la Decisión Administrativa 26/2025, el gobierno nacional apuntó su motosierra a los empleados estatales contratados. La medida, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que deja de igualar los salarios de este conjunto de trabajadores con los que tienen modalidad de planta permanentes o similares. Esta medida, anunciaron desde la Casa Rosada, forma parte de una “revisión integral de las contrataciones de personal”, que lleva adelante la cartera desreguladora. El temor es que esta nueva ofensiva contra el empleo público termine con nuevos despidos, que profundicen la sangría que se vive en el Estado nacional. Es que desde el comienzo de la gestión libertaria, nunca se dejaron de despedir empleados, y en la actualidad se está cerca de llegar a las 60 mil cesantías. Así lo alertó un reciente informe del Centro de Política Económica Argentina (CEPA), que confirmó que el 20 por ciento de los despidos se centraron en cuatro empresas, emblemáticas de lo público en el país, que quedaron bajo el fuego de la motosierra libertaria.
Los gremios del sector se mantienen alertas, y criticaron a Sturzenegger por su nuevo plan de ajuste contra los trabajadores estatales.
El informe reciente del Centro CEPA refleja como la motosierra tuvo impacto en sectores claves de la administración nacional. Según el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial, cuatro organismos del Estado suman 20,7 por ciento de los 57.621 puestos de trabajo perdidos en el año y medio de gestión del Gobierno de Javier Milei, que además representan “una caída del 16,8 por ciento en la planta de personal del Sector Público Nacional”. Se trata de Correo Argentino, con 5.063 despidos; la Operadora Ferroviaria S.E., con 3.116; Banco Nación, con 1.968, y Aerolíneas Argentinas, 1.782 desvinculaciones. El análisis lo atribuye a “la política deliberada de ajuste y desmantelamiento del sector público nacional, con un impacto masivo tanto en la dotación de personal como en las capacidades operativas del Estado”.
En términos absolutos, agregaron, “los organismos descentralizados concentraron la mayor cantidad de despidos, seguidas por las empresas y sociedades del Estado y los organismos centralizados”. Esto implica “un profundo cambio en la concepción del rol del Estado, con consecuencias directas sobre miles de trabajadores y sobre áreas clave para la infraestructura, la soberanía y el desarrollo nacional”.
En términos proporcionales, el ajuste golpeó “con más fuerza” a la administración descentralizada, revelando un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo. El recorte más drástico se dio en la ex Télam, “donde se cesanteó a cerca del 80 por ciento del personal”.
Le sigue ENARSA Patagonia, y luego los casos de Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., que también presentan reducciones especialmente significativas. En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), incluyendo organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más significativo en términos absolutos es el de ARCA, con 3.148 puestos de trabajo eliminados. Le siguen la CONICET, con 1.716 despidos, y el ANSES, con una reducción de 1.532 trabajadores. Proporcionalmente, el recorte más severo se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 64 por ciento de su planta de personal. En segundo lugar, se ubica la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 45 por ciento, y en tercer lugar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que sufrió un recorte del 42 % de su dotación.
Plan de ajuste
Del trabajo de CEPA se desprende que la obsesión de la gestión de Javier Milei sobre empresas como Aerolíneas Argentinas o el Banco Nación, que el gobierno quiere primero achicar para luego convertir en sociedades anónimas y privatizarlas. Por eso no sorprende que sean las más afectadas por la motosierra libertaria. En el caso de la banca pública, si bien las cesantías fueron pocas, lo que tuvo impacto fue el plan de retiros voluntarios.
Así lo confirmó Arturo Quiñoa, titular de la Asociación de Personal Jerárquico de Bancos Públicos (APJBO). En diálogo con Data Gremial, el dirigente sostuvo que “hubo muy pocos despidos sin causa”. Lo que si se dieron fueron “muchos sumarios con severas sanciones a los implicados, que a nuestro criterio se han extralimitado y seguramente van a tener que indemnizar a muchos despedidos injustamente”.
Lo que hizo que el Banco Nación llegue a la casi 2 mil empleados en todo el país fueron los “retiros voluntarios”. Quiñoa explicó que en la gestión del actual gobierno se pusieron en marcha tres de estos planes: “Para varones mayores de 60 y mujeres mayores de 55 años, con el 80 por ciento del sueldo hasta la jubilación, obra social y exento de Ganancias; otro para mujeres entre 53 y 55 y varones entre 58 y 60, con el 780 por ciento del sueldo, y un tercero para, mujeres mayores de 60 que habían ejercido derecho a trabajar hasta los 65, a las que se les paga el sueldo hasta que se jubilen o un máximo de 12 meses”. “La gente grande estaba muy manoseada y antes que trabajar bajo este directorio, se fueron”, analizó el referente de la APJBO. Otra de las políticas de ajuste fueron los cierres de sucursales.
Para Quiñoa “hubo unas 100, algunas alquiladas y que no deberían haber cerrado, pero no tenían sentido algunos centros de pagos para jubilados y planes sociales”. Uno de los ejemplos es el de Flores, donde además de la sucursal “había un centro de pago y un centro pyme, eran otras oficinas pero en un mismo edificio”.
Sectores en pugna
En cuanto al informe del CEPA, se advierte que en el sector financiero y asegurador, los impactos también “son severos”, pese a ser un rubro muy favorecido por el modelo libertario. Así, la Casa de la Moneda redujo su personal en 42 por ciento y Nación Seguros –otra entidad vinculada al Banco Bación –registró una pérdida del 37 por ciento de su personal, lo que “debilita la capacidad del Estado para ofrecer coberturas accesibles a personas, pymes y organismos públicos, y pone en cuestión su rol contracíclico en situaciones de emergencia o catástrofe”.
A su vez, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) —pieza clave en el financiamiento del desarrollo productivo— sufrió una reducción del 32 por ciento de su planta, lo que restringe su capacidad de otorgar créditos en condiciones favorables a sectores estratégicos de la industria, la infraestructura y las exportaciones.
Fuente: Data Gremial
