El Gobierno de Javier Milei volvió a mostrar sus prioridades. Mientras se jacta del “déficit cero” a costa de jubilados, universidades, pediatría y discapacidad, acaba de regalarle al sector agroexportador un alivio fiscal equivalente a lo que cuesta financiar todas esas áreas juntas.
El Decreto 682/2025, publicado este lunes, establece retenciones del 0% para soja, trigo y maíz hasta fines de octubre o hasta que se liquiden U$S 7.000 millones. Según cálculos oficiales y privados, la pérdida para las arcas del Estado será de entre U$S 1.460 y U$S 1.600 millones, el 0,25% del PBI. Un monto que supera el costo de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Emergencia Pediátrica, sumadas.
El contraste resulta brutal: el mismo día que se publicó esta medida, el Ejecutivo firmó el Decreto 681/2025, que suspende la emergencia en discapacidad hasta que el Congreso defina “fuentes de financiamiento”. Es decir, ajuste para los sectores más vulnerables y beneficios extraordinarios para las patronales del campo.
El Gobierno justifica la medida en la necesidad de frenar la corrida cambiaria y garantizar divisas en plena tensión preelectoral. La semana pasada, el Banco Central vendió U$S 1.110 millones en apenas tres jornadas para contener la escalada del dólar. Sin reservas, Milei y Caputo prefirieron hipotecar la recaudación fiscal antes que tocar los intereses del capital concentrado.
La paradoja es evidente: el alivio transitorio que se concede a los grandes exportadores no resuelve la crisis de fondo, pero sí debilita aún más las cuentas públicas. Mientras tanto, áreas críticas como educación, salud y discapacidad quedan desfinanciadas. La supuesta obsesión por el equilibrio fiscal se desmorona frente al lobby agroexportador y las exigencias del FMI.
El costo de este rumbo ya no es solo contable, sino social. Cada dólar que se resigna en retenciones es un aula que no se construye, un hospital que no se refuerza o un tratamiento que queda sin cobertura. Lo que se presenta como una medida técnica es, en realidad, una decisión política: quién paga la crisis y quién la capitaliza.
Fuente: Ámbito/Perfil
