El Gobierno argentino avanza en una jugada que despierta alarma: en el marco de las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos para acceder al Fondo de Estabilización Cambiaria, puso sobre la mesa la venta del 49% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina y la concesión de pozos en Vaca Muerta.
La propuesta fue llevada por el ministro de Economía, Luis Caputo, como intento desesperado por conseguir divisas ante la falta de reservas. Según trascendió, el plan incluye incluso utilizar yacimientos hidrocarburíferos como garantía de nuevos préstamos. “Todo está sobre la mesa”, deslizó en off un funcionario del área económica.
El titular de Nucleoeléctrica, Demian Reidel, admitió que la compañía tiene la capacidad de comercializar uranio, un recurso de enorme interés para Estados Unidos. “Argentina cuenta con cuantiosas reservas que hoy están totalmente desaprovechadas”, aseguró, dejando en claro el atractivo que representa para el mercado internacional.
La operación, de concretarse, implicaría que un consorcio de empresas públicas y privadas estadounidenses se quede con el paquete accionario. Pero no solo eso: como consecuencia inmediata, se cancelaría el proyecto de construcción de Atucha III, la cuarta central nuclear del país, cuyo acuerdo con China incluía una inversión de 8.000 millones de dólares.
Con esta movida, el Ejecutivo deja en evidencia hasta dónde está dispuesto a avanzar para obtener oxígeno financiero. Lo que se juega no es solo un acuerdo de corto plazo, sino el control de recursos estratégicos y la soberanía energética del país. El costo político y económico podría ser mucho más alto que el préstamo buscado.
