Los conductores de vehículos se encontraron este lunes con la sorpresa de un nuevo aumento en los combustibles, aplicado de manera silenciosa y sin comunicación oficial. Esto ocurre luego de que el Gobierno derogara la obligación de las petroleras de informar públicamente las subas, lo que deja a los automovilistas sin referencias claras sobre la evolución de los precios. En los últimos 45 días, la suba acumulada ronda el 5%, un porcentaje que impacta de lleno en el bolsillo de quienes dependen del auto o del transporte para trabajar.
El encarecimiento responde, en gran medida, al incremento del dólar y a la aplicación de un nuevo esquema de actualización de impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que comenzó a regir en septiembre a través del Decreto 617/2025 publicado en el Boletín Oficial el 29 de agosto. A diferencia de otros años, las empresas ya no tienen la obligación de difundir los valores de referencia y, además, desde junio quedó fuera de servicio la aplicación Precios en Surtidor, que actualizaba de manera oficial la información de más de 5.000 estaciones en todo el país.
Las consecuencias comienzan a sentirse en el consumo: especialistas señalan que el “enfriamiento” es notorio en rutas y ciudades. Los camiones que transportan mercadería redujeron la frecuencia de sus viajes, mientras que muchos particulares eligen restringir desplazamientos ante los incrementos sostenidos. Esto repercute en la demanda de nafta y gasoil, y a su vez golpea las ventas de las estaciones de servicio, especialmente en las regiones más alejadas de los grandes centros urbanos.
Con este nuevo ajuste, el escenario muestra un doble impacto: por un lado, la falta de transparencia en la información que deja a los usuarios sin herramientas para anticipar aumentos; y por otro, un encarecimiento constante que afecta tanto a la movilidad diaria como al transporte de mercaderías, con consecuencias sobre la actividad económica en general.
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