El recorte en el Estado se concentró especialmente en organismos que el oficialismo busca cerrar o privatizar: Correo Argentino, Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentinas, ARCA, Banco Nación, ANSES, AYSA y CONICET. Solo en estas instituciones se produjo el 34% del total de despidos del sector público nacional.
Estas decisiones no solo afectan a los empleados estatales, sino que tienen un efecto en cadena sobre la economía y el empleo privado: cuando el Estado deja de invertir, contratar o funcionar, las empresas proveedoras o dependientes de la actividad pública también sufren el impacto.
El informe también advierte una caída preocupante en la cantidad de empresas en actividad. Desde noviembre de 2023, Argentina perdió 15.564 unidades productivas, con Buenos Aires (-4.293), Córdoba (-2.290) y CABA (-2.090) como las provincias más golpeadas. Ninguna provincia mostró un incremento neto de empresas, ni siquiera aquellas con economías centradas en la explotación de recursos naturales.
Los únicos sectores que mostraron un leve aumento fueron los de servicios personales y actividades administrativas de apoyo, caracterizados por empleo precario, salarios bajos y alta rotación.
Además del deterioro general del empleo, el informe alerta sobre un récord histórico en la desigualdad salarial entre varones y mujeres. En el primer trimestre de 2025, las trabajadoras ganaron en promedio un 37,5% menos que sus pares varones. Es la brecha más alta desde 2016, cuando comenzaron los registros oficiales.
La caída de ingresos afecta sobre todo a sectores feminizados como la salud y la educación públicas, dos de los rubros más castigados por el ajuste presupuestario. La ausencia de una política específica para reducir esta desigualdad no hace más que profundizar el impacto del ajuste sobre las mujeres trabajadoras.
Fuente: Data Clave
