En plena crisis económica, con la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza, los salarios pulverizados por la inflación y un ajuste fiscal que recorta derechos básicos, la familia presidencial no parece sufrir los efectos del sacrificio que pregona. Al contrario: sus patrimonios se multiplican. El presidente Javier Milei declaró un patrimonio de $206 millones, lo que representa un incremento de casi $80 millones (un 63,9%) respecto de su última presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA), correspondiente a diciembre de 2023. ¿La explicación? En su mayoría, una revaluación de bienes que no fueron adquiridos este año, sino que simplemente aumentaron su valor en los papeles. Lo más llamativo es que no hay ningún nuevo inmueble en su haber.
Su única propiedad, una vivienda de 100 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, pasó de valer $13,6 millones a $38,4 millones, una suba del 181%. También se anotó un fuerte aumento en sus depósitos en pesos, que pasaron de $8,3 millones a más de $20 millones. En dólares, Milei mantiene una caja de ahorro con US$65.542 y US$20.000 en efectivo. No declaró deudas. Su flota automotor incluye un Mercedes Benz Sprinter 2015 y un Peugeot RCZ Coupé 2013 valuados en más de $36 millones. Además, su crédito fiscal con AFIP casi se triplicó, de $5,9 millones a $19,3 millones.
Todo esto mientras el propio Estado que preside posterga pagos a universidades, hospitales y comedores escolares. Pero no es el único caso llamativo. Su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, también presentó su declaración jurada y el dato salta a la vista: su patrimonio se triplicó en un año, pasando de $3,5 millones a $11,4 millones, lo que implica un aumento del 221%. A diferencia de su hermano, Karina Milei no posee dólares en efectivo ni en cuentas bancarias. Sin embargo, su liquidez en pesos se disparó de apenas $239 mil a más de $4,3 millones. También creció su crédito fiscal con la AFIP, de $851 mil a $2,4 millones.
El principal activo de su patrimonio sigue siendo su departamento de 150 m² en Vicente López, cuyo valor declarado pasó de $1,8 millones a casi $4 millones. ¿La clave del salto patrimonial? Sus ingresos como funcionaria del Ejecutivo nacional: declaró haber cobrado $45,6 millones por su «trabajo personal». Un ingreso público, solventado con los impuestos de los mismos ciudadanos a los que se les exige cada vez más mientras reciben cada vez menos. Estas declaraciones juradas llegan en un contexto político donde el Gobierno exige «austeridad», predica «el fin de la casta» y asegura que «no hay plata».
Sin embargo, en la cúspide del poder libertario, la riqueza se acumula y crece al ritmo del dólar y las propiedades revaluadas. Lejos de los gestos de sobriedad republicana que prometía, el discurso anticasta se convierte, una vez más, en una fachada para ocultar privilegios.
