La histórica empresa Lácteos Verónica, con plantas en Santa Fe, enfrenta una de las crisis más graves de su historia. Con más de 2.000 cheques rechazados por casi 6.600 millones de pesos, la firma solicitó un procedimiento preventivo de crisis, propuso despedir a 210 empleados y admitió que su producción se encuentra prácticamente detenida. La caída en la elaboración de productos es drástica: de procesar un millón de litros de leche por día durante la pandemia, hoy no supera los 200 mil y desde junio está prácticamente paralizada.
Durante una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo, la empresa reconoció su situación crítica y ofreció indemnizaciones reducidas, suspensiones del 30% del personal y reducción de jornadas. El gremio Atilra rechazó la propuesta y evalúa acciones penales por incumplimientos en aportes y retenciones. Desde la Legislatura santafesina también siguen el caso, en un intento por evitar el desguace total.
La compañía atribuye la crisis a un contexto estructural: caída de la producción láctea nacional, baja del consumo interno, falta de crédito, aumento de costos y un mercado cada vez más dominado por grandes firmas extranjeras como Saputo o Savencia, que desplazan a las Pymes nacionales. A esto se suma la carga impositiva, restricciones a la exportación y un sindicato con alta capacidad de presión, que según observadores del sector, ya contribuyó al derrumbe de otras empresas como SanCor.
Mientras el sector lechero registra una leve recuperación este año, con un aumento estimado del 7% en la producción, la situación de Lácteos Verónica parece no tener retorno. Sus problemas no comenzaron en 2023, sino que son el resultado de más de dos décadas de políticas anticompetitivas, falta de inversión y una extranjerización creciente que pone en jaque la subsistencia de las empresas nacionales.
