La inseguridad alimentaria en la infancia argentina alcanzó un récord histórico en 2024. Según el informe “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODS-UCA), el 35,5% de las niñas, niños y adolescentes fueron afectados por esta problemática, lo que representa a 4,3 millones de chicos.
Del total, un 16,5% vivió la forma más extrema de inseguridad alimentaria, el nivel más alto en más de una década. La situación es crítica y, según los investigadores Ianina Tuñón y Agustín Salvia, refleja una tendencia ascendente desde 2010, con picos marcados en 2018, durante la pandemia en 2020, y en el último año, a raíz de la crisis socioeconómica.
Hogares vulnerables: los más expuestos a la inseguridad alimentaria
El informe advierte que la inseguridad alimentaria afecta principalmente a hogares pobres, con jefas o jefes con inserción laboral precaria, familias monoparentales y numerosas. El empleo resulta un factor decisivo: las condiciones laborales de los adultos influyen directamente en la capacidad de los hogares para acceder a una alimentación adecuada.
En los hogares monoparentales, la incidencia de inseguridad alimentaria fue 12 puntos más alta que en los biparentales entre 2010 y 2024. Además, las familias con cinco o más miembros presentaron niveles persistentemente superiores de esta problemática, una brecha que se amplió especialmente en los últimos años.
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Pobreza, informalidad y deterioro educativo
En el primer semestre de 2024, el 67% de las infancias eran pobres. Si bien en el segundo semestre se registró una leve baja atribuida a la desaceleración inflacionaria y al aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar (TA), los niveles de inseguridad alimentaria se mantuvieron críticos.
Por regiones, el AMBA presentó los niveles más altos desde 2017. Sin embargo, durante 2024 el interior del país mostró un aumento preocupante, acercándose a los números del conurbano bonaerense, con tasas de 36% y 35%, respectivamente.
El estudio también destaca el impacto de la educación. Los hogares con al menos un niño o niña con déficit educativo —por deserción o sobreedad— registraron niveles significativamente más altos de inseguridad alimentaria. Esta diferencia se amplió desde 2020, lo que podría evidenciar un deterioro más profundo entre los excluidos del sistema educativo. La escolarización, remarcan, suele estar asociada al acceso a comedores, redes de contención y otros recursos del sistema educativo.
La precariedad laboral como raíz del problema
El tipo de empleo de la persona que encabeza el hogar también aparece como determinante. Más de la mitad de las infancias atravesó inseguridad alimentaria al menos un año entre 2022 y 2024. El 14,8% la padeció de forma crónica, mientras que otro 9,2% vio su situación empeorar. Solo el 44,5% permaneció libre de esta problemática durante los tres años.
Los hogares con empleo precario, subempleo, desempleo o inactividad muestran los niveles más altos de inseguridad alimentaria, con una tendencia en alza desde 2018. En esos casos, el indicador alcanzó picos del 43% en 2019, 49% en 2020 y 51% en 2024. Esto confirma que la inestabilidad laboral está estrechamente ligada al deterioro en el acceso a alimentos.
En contraste, los hogares con empleo pleno registran los niveles más bajos, aunque no están exentos: incluso en estos contextos, la inseguridad alimentaria ronda el 10%, reflejando la persistencia de desigualdades estructurales.
Transferencias sociales: alivio parcial ante una problemática estructural
El informe del ODS-UCA confirma que las políticas de transferencia de ingresos como la AUH y la Tarjeta Alimentar tienen un efecto positivo. Estas herramientas reducen la inseguridad alimentaria en 0,81 puntos en la escala del índice. No obstante, su alcance es limitado frente a la precariedad estructural del mercado laboral y la persistencia de la pobreza.
Entre 2022 y 2024, el 14,8% de los chicos y chicas sufrió inseguridad alimentaria crónica, otro 9,2% empeoró y solo el 44,5% se mantuvo al margen de esta problemática. La mayoría de los hogares atravesó al menos una experiencia de inseguridad alimentaria en ese período.
“Comprender estas dinámicas es clave para diseñar políticas públicas que enfrenten tanto las urgencias actuales como las causas profundas de la inseguridad alimentaria”, concluyen los investigadores.
Desde el ODS-UCA insisten en que las transferencias como la AUH y la TA deben ser complementadas con políticas de empleo inclusivo, desarrollo infantil temprano y alimentación escolar. Solo con una intervención articulada será posible reducir los riesgos alimentarios y garantizar el derecho de las infancias a una vida digna.
Fuente: GLP
