El mayor operador postal privado del país, OCA, entró en concurso preventivo. La Justicia Comercial abrió el concurso preventivo de la empresa dirigida por el empresario logístico Claudio Altermar Jesús Espinoza, asfixiada por los embargos de ARCA (ex AFIP).
Los nuevos dueños de OCA lograron que tenga equilibrio operativo, pero la empresa arrastra una deuda de 100.000 millones con ARCA, que bajo la nueva administración libertaria lanzó masivos embargos de cuentas de las empresas deudoras, colocando a muchas en la situación que está OCA: no puede operar.
Por eso, los actuales propietarios decidieron concursarse. «Se inicia un procedimiento que permitirá a la empresa reestructurar su pasivo actual, asegurar la continuidad operativa, preservar más de 8500 fuentes de trabajo directas e indirectas y avanzar en la elaboración de una propuesta que permita atender las obligaciones asumidas con sus acreedores», señaló OCA a través de un comunicado.
Después de varios cambios de manos, que incluyeron como dueños o allegados a varios nombres controvertidos -desde Alfredo Yabrán hasta Hugo Moyano, pasando por Cristóbal López y Juan Navarro (del fondo Exxel Group)-, hoy la compañía está controlada oficialmente por el grupo es NMBV, cuyo principal accionistas es Espinosa.
Se trata del tercer concurso en poco más de 20 años de la empresa, creada en 1957 como Coordinadora Argentina (OCA). El primero fue en 2002, cuando pertenecía a Exxel Group. El siguiente fue en abril de 2017 cuando comandaba la empresa Patricio Farcuh. Ese expediente derivó en la quiebra de abril de 2019.
«Desde 2023, la actual administración ha trabajado intensamente en mejorar la estructura operativa y comercial de la empresa, logrando hacia mediados de 2024 un superávit operativo», dijo la empresa y agregó que «el peso acumulado de las obligaciones fiscales y las medidas adoptadas por los entes recaudadores han afectado el capital de trabajo y generado restricciones que hacen inviable la continuidad de la empresa sin una reestructuración ordenada».
Mientras tanto, la multinacional Kimberly-Clark cerró sin previo aviso su planta ubicada en el Parque Industrial de Pilar e informó que trasladaría la actividad a su establecimiento en San Luis.
Desde 2023, la actual administración ha trabajado intensamente en mejorar la estructura operativa y comercial de la empresa, logrando hacia mediados de 2024 un superávit operativo. El peso acumulado de las obligaciones fiscales y las medidas adoptadas por los entes recaudadores han afectado el capital de trabajo y generado restricciones que hacen inviable la continuidad de la empresa sin una reestructuración ordenada.
En total, fueron despedidos 220 trabajadores. La medida fue comunicada a través de telegramas enviados entre el sábado y el lunes, en medio del desconcierto total del personal. El sindicato de Papeleros calificó el accionar como «una decisión arbitraria» y ya inició medidas de fuerza para revertir la situación.
La planta afectada producía toallitas húmedas y protectores diarios para marcas de consumo masivo como Huggies, Kleenex, Scott y Plenitud. El viernes anterior al cierre, la empresa había suspendido la actividad bajo el argumento de tareas de mantenimiento en una subestación eléctrica. Sin embargo, al día siguiente, comunicó oficialmente el cierre definitivo del establecimiento.
La empresa justificó el cierre como parte de una «estrategia de optimización y crecimiento sostenible», y anunció que toda la producción será centralizada en su planta de San Luis. Allí, proyectan invertir 15 millones de dólares durante los próximos tres años, lo que incluye el traslado de maquinaria y recursos desde Pilar, pero sin ofrecer ningún tipo de reubicación laboral a los empleados cesanteados.
Fuente: LPO
