La investigación sobre la estafa de la criptomoneda LIBRA ha tomado un nuevo giro al centrarse en la posible participación de Karina Milei, hermana del presidente. Según fuentes en Estados Unidos, Milei sospechan que habría sido parte de un entramado delictivo junto a Agustín Laje, Julián Peh (CEO de la empresa que creó la moneda) y Mauricio Novelli, presidente de Tech Forum.
El rol de Karina Milei en la operación LIBRA
Las sospechas indican que Karina Milei pudo haber actuado a espaldas del presidente Javier Milei, facilitando el acceso de Peh al entorno presidencial a través del vocero Manuel Adorni. Según se ha revelado, antes del lanzamiento de LIBRA, Novelli y su socio Terrones visitaron la Casa Rosada al menos ocho veces para reunirse con Karina Milei y Adorni, algo inusual incluso para empresarios de gran peso en el país. Además, se investiga la posibilidad de sobornos por un monto de 10 millones de dólares para impulsar la criptomoneda.
El analista británico experto en criptomonedas Nick O’Neill afirmó recientemente en un video que fuentes judiciales estadounidenses tienen pruebas sobre coimas a funcionarios libertarios ligadas a LIBRA. «Javier Milei y su equipo trabajaron durante semanas en el lanzamiento del token», aseguró O’Neill.
La magnitud del fraude y sus afectados
La estafa con la criptomoneda LIBRA ha impactado a más de 75.000 personas, con pérdidas que superan los 286 millones de dólares, según informó la blockchain Solana, la red en la que se lanzó la moneda. Inicialmente, se hablaba de 44.000 afectados y un perjuicio de 100 millones de dólares, pero nuevos reportes de The Solana Post indican que la magnitud del fraude fue mucho mayor.
Más de 71.000 afectados perdieron al menos 10.000 dólares cada uno, mientras que 25 inversores llegaron a perder sumas superiores al millón de dólares. La criptomoneda se desplomó en pocas horas la noche del viernes, dejando a los inversores sin posibilidad de recuperar sus fondos.
Si se comprueban las sospechas, los implicados podrían enfrentar cargos por fraude, malversación de fondos y asociación delictiva. La jurisprudencia estadounidense contempla penas de hasta 25 años de prisión por estos delitos.
