La Fiscalía presentó los pedidos de condena para los acusados del Juicio La Huerta, proceso judicial en el que se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar en centros clandestinos de detención ubicados en Tandil y otras ciudades de la región.
Tras 8 jornadas de alegatos, los fiscales Santiago Eyherabide, Eugenia Montero y Julio Darmandrail solicitaron 11 condenas a prisión perpetua, 20 penas de entre 3 y 20 años ajustadas según la gravedad de los delitos y el nivel de participación de cada acusado, y 4 absoluciones para aquellos sobre los que no se hallaron pruebas suficientes para sostener las acusaciones en su contra.
La información fue proporcionada por Soledad Restivo, periodista de la Agencia Comunica de Medios Unicen, quien cubrió las instancias del juicio. A lo largo de 75 audiencias, más de 200 testimonios fueron presentados en esta causa que originalmente involucraba a 51 imputados —militares y civiles— pero que actualmente cuenta con 35, debido al fallecimiento de algunos y la apartación de otros por insania. Los pedidos de condena llegaron luego de intensos alegatos.
El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata informó que los alegatos de las querellas comenzarán el viernes 22 de noviembre a las 8:30. Durante las próximas tres audiencias, intervendrán la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, entre otras querellas particulares. Posteriormente, será el turno de las defensas. Se estima que el veredicto se conocerá en marzo próximo, cuando se cumplan tres años desde el inicio del juicio, que forma parte de la Mega Causa Sub Zona 12, nombre asignado por la dictadura a la ciudad y la región donde se implementaron secuestros, torturas y desapariciones.
Entre los delitos investigados se encuentran asesinatos, desapariciones, torturas, privaciones ilegales de libertad y abusos cometidos en comisarías, cárceles y otros espacios clandestinos. Algunos de los lugares involucrados son la «Quinta de los Méndez», «La Huerta» y el Ex ISER en Tandil, la estación del ferrocarril donde hoy funciona el Jardín De Paula en Azul, y el predio Monte Peloni en Olavarría.
Los pedidos de condena se basan en 213 testimonios que revelaron las torturas, abusos y privaciones de libertad sufridas por las víctimas a manos de los acusados. «Estas declaraciones han expuesto el impacto devastador de estas prácticas represivas en sus vidas personales y familiares», señaló la crónica de la Agencia Comunica.
Según la Fiscalía, los crímenes tenían como objetivo principal instaurar el miedo como un mecanismo de control social, utilizando la represión sistemática y la manipulación informativa para deslegitimar a los opositores y consolidar el poder del régimen dictatorial. Además, se evidenció un «patrón sistemático de represión destinado a eliminar la militancia política, sindical y estudiantil», subrayándose el uso del miedo y la desinformación como herramientas clave del aparato represivo, coordinado por fuerzas militares, policiales y penitenciarias, con la colaboración de sectores civiles.
También se presentaron pruebas documentales que evidencian las jerarquías y la secuencia de órdenes emanadas, así como la operatividad de los hechos investigados. Los magistrados destacaron la contundencia y el peso irrefutable de los testimonios presentados.
En concreto, los fiscales solicitaron prisión perpetua para Osvaldo Héctor Repetto, Martín Carlos Luzuriaga, Luis Ignacio Gómez Centurión, Héctor Martínez Salgado, Raúl Andrés Ara, Ricardo Edmundo Arce, Gustavo José Cáceres y Daniel Alfredo Ceresoli. Además, pidieron perpetua de manera unificada con condenas previas para Jorge Roberto Casares, Alejandro Guillermo Duret y Román Valdecantos.
También se requirieron penas de 20 años de prisión para Juan Manuel Durante, 16 años para Mariano Edgardo Viviani, 14 años para Julio César Tula, 12 años para José Luis Álvarez y Guillermo Prieto, 10 años para Julio Méndez, y 8 años y 6 meses para Horacio Ricardo Barriola, Eduardo Augusto Samyn y Héctor Alberto Mangudo. Se pidieron 8 años para Luis Ernesto Benítez y Néstor Omar Vapore, 6 años y 6 meses para Jorge Aníbal Tolosa, 5 años y 6 meses para Fernando Ferrer, 5 años para Alberto Joaquín Monge, 4 años y 6 meses para Juan Manuel Miller, 4 años y 4 meses para José María Bruzzone y Miguel Ángel Buezas, 4 años para Héctor Rubén Rinaldi, 3 años y 8 meses para Enrique Vitale y 3 años y 4 meses para Pedro Jorge Cinalli.
Por último, se solicitaron las absoluciones para Francisco Oscar Sarmiento, Raúl Omar Carlucho, Norberto Luis Ferreras y Pedro Juan Aguirre.
Fuente: El Eco de Tandil
