El Gobierno, con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, publicó en el Boletín Oficial el decreto 780/2024 que establece una serie de restricciones al acceso de la información pública y elimina la obligación de informar sobre la “vida privada”.
Este decreto reglamenta la ley 27.275 de Acceso a la Información Pública (aprobada en 2016) y modifica el anterior decreto reglamentario 206/2017. De acuerdo con la ley de 2016, se entiende por «información pública» cualquier dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados generen, obtengan, transformen, controlen o custodien. Sin embargo, la nueva reglamentación especifica que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido”.
Además, la ley define «documento» como cualquier registro generado, controlado o custodiado por los sujetos obligados, sin importar su formato, soporte, origen, fecha de creación o carácter oficial. El nuevo decreto limita esta definición a la «actividad estatal» y aclara que las deliberaciones preparatorias, documentos de trabajo o estudios preliminares no se considerarán documentos de carácter público.
El decreto también amplía las «excepciones» a la obligación de responder solicitudes de acceso. Con esta definición, el gobierno pretende evitar solicitudes de información pública relacionadas con cuestiones sobre Milei, como el número de perros que habitan en la Quinta de Olivos. Hace unas semanas, la Casa Rosada se había negado a responder a estas consultas y solicitó a la Procuración del Tesoro que emitiera un dictamen que estableciera límites para las solicitudes.
En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que «el Gobierno vuelve a legislar por decreto para limitar el acceso a la información pública». Además, el organismo advirtió que «bajo el pretexto de actualizar la reglamentación de la ley, el Estado se vuelve más opaco y menos transparente».
