El Gobierno decidió rechazar por completo la ley de movilidad jubilatoria. La medida fue tomada este lunes mediante el decreto 782/2024, que fue publicado en el Boletín Oficial. De esta manera, como había anunciado previamente, el presidente Javier Milei deja sin efecto la ley aprobada por el Congreso, la cual contemplaba un aumento en el haber mínimo y establecía una nueva fórmula para calcular los ingresos de los jubilados.
En el decreto, el Gobierno justifica su decisión señalando que «el proyecto de ley sancionado por el H. Congreso de la Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento».
El veto fue firmado la noche del viernes y su oficialización se concretó esta madrugada. Además del Presidente, el decreto cuenta con la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Economía, Luis Caputo; la Canciller, Diana Mondino; el ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Salud, Mario Russo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Entre las razones para rechazar la ley aprobada hace 10 días por el Senado, el Ejecutivo señala que su implementación «implicaría para el Estado Nacional un gasto adicional al previsto de aproximadamente $6.160.000.000.000 para el año 2024″ y de $15.430.000.000.000 para el año 2025».
Además, el texto oficial, señala que “de dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”.
Tras el veto presidencial, el Congreso podría insistir en la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Esto significaría que la ley debería ser sometida nuevamente a votación y lograr el respaldo de dos tercios de los miembros presentes en ambas Cámaras. En primer lugar, se discutiría en la Cámara de Diputados, donde se originó la propuesta, y posteriormente en el Senado.
