La prórroga del presupuesto de 2023 para la educación pública superior, en un marco de inflación de tres dígitos, provocó una severa crisis en las cuentas de las instituciones. La decisión del Gobierno nacional afecta tanto el pago de los salarios docentes como de las tarifas de los servicios públicos. De concretarse, la parálisis podría dejar a 300 mil trabajadores docentes y nodocentes en la calle a nivel nacional y a más 2,5 millones de alumnos en un limbo, sin chances de continuar con sus carreras. En paralelo, legisladores afines buscan discutir un proyecto de ley de emergencia con el objetivo de asegurar la supervivencia en medio de la crisis. El Frente Sindical de Universidades Nacionales y la FUA convocaron a una Marcha Federal Universitaria para el jueves 25 de abril.
No existen antecedentes de semejante ahogo a las universidades en toda la historia argentina. Con una inflación que en los últimos tres meses fue superior al 70%, la propuesta del gobierno en las paritarias docentes fue retocar el 16% de los salarios que ya estaban atrasados en 2023. Comparados con los de profesores de universidades brasileñas, mexicanas, chilenas o colombianas, los sueldos de la educación superior argentina son grotescos.
Hace apenas 40 días, el Diputado Nacional, Rogelio Iparraguirre, brindó detalles sobre la situación que atraviesa la UNICEN a causa del ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. «El Gobierno de Milei le está quitando de manera injusta y unilateral, es decir le está robando, más del 70% de los recursos que utiliza para su funcionamiento y en estos momento la UNICEN está haciendo un esfuerzo muy grande para no cerrar sus puertas. Estos recursos son los que se utilizan para los gastos de funcionamiento, ya sea luz, gas, limpieza, corte de pasto, reparaciones en general, comedor y residencias, y al día de hoy se cubren con recursos propios de la Universidad». Entrado el mes de abril desde la Universidad del Comahue ya expresan que están cerca de la cesación de pagos.
La UNICEN se declaró en “emergencia económica” frente a la decisión del Gobierno nacional de no actualizar el presupuesto a las universidades nacionales. El monto asignado para funcionamiento (no incluye salarios) fue firmado en octubre de 2022 para el año 2023 y no prevé composición por la inflación que a abril de 2024 superó el 270%. Desde la facultad de Ingeniería, afirmaron que “más del tercio de ingresantes ya no está viniendo por razones económicas”. Los docentes denuncian un “apagón de diálogo”.
Por su parte, la Doctora en Comunicación y docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, Mónica Cohendoz, advirtió que “lo único que nos ofrece el Gobierno nacional es un recorte sin una propuesta de política educativa. En toda nuestra historia lo que sucede hoy nunca sucedió. Nadie nos dice hacia dónde vamos” alertó.
El Rector de la UNICEN, Dr. Marcelo Aba, manifestó que el Ejecutivo “ha provocado una pirámide” y mientras cuestiones de Educación corresponden al Ministerio de Capital Humano, “parece que no es allí donde se toman decisiones sino es directamente en el Ministerio de Economía”. Las universidades, una vez más, sortean el juego de la oferta y la demanda, y brindan respuestas de calidad para proteger a la población. Algo que la mano invisible del mercado que tanto pondera este gobierno jamás garantiza.
