La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) lanzó este jueves un paro docente de 24 horas para el próximo lunes 26 de febrero que afectará a diez jurisdicciones del país y que genera incertidumbre en la provincia de Buenos Aires, cuyo comienzo de clases está previsto una semana después, el 1 de marzo. La medida surge en respuesta a la dilación, por parte del gobierno de Javier Milei de convocar a una nueva reunión del Consejo del Salario.
El anuncio fue realizado esta tarde en una conferencia de prensa encabezada por Sonia Alesso, secretaria general del sindidato de maestros, quien explicó que la determinación se votó «de manera unánime». Además, confirmó que habrá movilizaciones en todas las provincias. «Se ha dilatado intencionalmente la convocatoria a la reunión. Todos sabían cuándo se iniciaba el ciclo lectivo» advirtió al tiempo que afirmó que, de todas formas, el martes 27 se presentarán a la audiencia a la que llamó el Gobierno nacional.
Además, la dirigente sindical se quejó por las demoras en el llamado a la paritaria nacional de los maestros que fija un piso de referencia salarial para las provincias: «Nosotros veníamos reclamando la convocatoria a la paritaria desde enero. Hemos tenido reunión, pero la convocatoria no se daba. Más allá de lo sectorial hemos planteado la urgencia y necesidad de que se enviaran los fondos que fuero retraídos de forma irregular a las provincias y a los docentes» dijo.
¿Qué pasa con las clases en la provincia de Buenos Aires?
En la provincia de Buenos Aires SUTEBA, uno de los gremios más importantes que integran el Frente de Unidad Docente, aceptó por «amplísima mayoría» la oferta salarial realizada por Axel Kicillof. Aunque el acuerdo hace pensar que las clases arrancarían normalmente, todo quedará supeditado a la discusión nacional, ya que el gremio de Roberto Baradel decidió plegarse al plan de lucha de CTERA.
Desde la CTERA, exigen la convocatoria a Paritaria y envío de fondos a las provincias. De no ser así, avanzar en un Plan de Lucha Nacional para darle continuidad a las medidas y plan de acción para garantizar el financiamiento educativo.
