Mientras la flexibilización del trabajo quedó paralizada en la Justicia, el resto del amplio contenido del DNU 70/2023, anunciado por el Presidente en cadena nacional, cumplirá este martes un mes de vigencia. Un mes en el que sobre todo los inquilinos y los afiliados de las prepagas, que ya venían castigados por el gobierno anterior, padecieron las nuevas reglas libertarias en su bolsillo. Un mes en el que los grandes grupos económicos beneficiados por las desregulaciones del DNU aún permanecieron agazapados, sin aprovechar todavía las nuevas normas, en parte porque el decreto entero corre riesgo de caerse en el Congreso o en los tribunales y, por otra, porque la Argentina sigue en una turbulencia que dificulta proyectar el horizonte.
El DNU abolió la última ley de alquileres de noviembre pasado, que ajustaba en pesos por semestre por inflación o evolución salarial, lo que aumentara menos. Ahora los contratos pueden ser en dólares o moneda nacional y los montos y la periodicidad de los incrementos se negocian en teoría entre propietarios e inquilinos. En la práctica, el dueño anuncia las condiciones y resulta ser un “tómalo o déjalo”. Si se encuentra con que el mercado no se las convalida, entonces llega el momento de resignar sus ambiciones. Aplica en este caso lo que sostiene la economista y canciller Diana Mondino, de que el bolsillo flaco de los consumidores pondrá tope a las alzas.
La derogación de la ley, que mientras rigió fue muy resistida por los propietarios, elevó este mes 21% la oferta de inmuebles para alquilar en todo el territorio nacional, acá no se salva nadie. Este martes se conocerá el dato de cómo evolucionaron los precios de los nuevos alquileres permanentes en enero: si bajaron por la mayor cantidad de propiedades ofrecidas, como indicaría la teoría del libre mercado, o si siguen subiendo, como padecen varios inquilinos. El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) elabora su relevamiento en la capital y detectó en enero alzas de de entre 6,4% y 16,7%, respecto de diciembre. En diciembre habían sido de entre el 7,1% y el 23,7% en relación a noviembre.
El precio de las prepagas
La desregulación de los precios de las prepagas y la posibilidad de que operen en lugar de las obras sociales también se pusieron en marcha con el DNU. Claro que algunos afiliados recurrieron con éxito a la Justicia para frenar los aumentos que los afectaron en particular. Es decir, estos recursos de amparo carecen de un impacto generalizado para los pacientes. Por eso, la inmensa mayoría de ellos está abonando con incrementos.
En una de las principales prepagas cuentan que subieron la cuota un 38% en enero y ya anunciaron a sus clientes que la elevarán otro 23% en febrero. Otras remarcaron entre 38% y 42% ahora y lo harán 24% promedio el mes próximo. “Aumentaron los llamados pidiendo descuentos o planes más baratos, aunque ahora se amesetaron”, cuenta en la empresa antes citada y prosiguen: “Las bajas no las conocemos porque lleva algún tiempo efectuarlas. Como se difirió el plazo de la cobranza, todavía no sabemos si la recaudación cayó”.
Aún no comenzaron a competir directo como obras sociales porque aún falta la reglamentación al respecto. “Las cuotas libres no ayudan a resolver ningún problema estructural, más bien los agravan porque va a quedar gente fuera del sistema privado y el público está mal. La medicación y los insumos siguen con precios descontrolados y no aparecen agencias de calidad médica como hay en casi todos los países cómo la Argentina”, advierten en la compañía de medicina privada.
Un informe de la consultora PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis, advierte que en diciembre, con el cambio de gobierno, los medicamentos se encarecieron 42%, más que el 25% de inflación. A la cabeza, el Amoxidal (69%), el Rivotril (68%) y el Optamox y el Termofren (66%). El ibuprofeno está más caro que Brasil y Estados Unidos. Encima, el de marca en la Argentina cuesta 113% más que el genérico, cuando esa brecha en el socio mayor del Mercosur es de sólo 17% y en la superpotencia, del 92%.
No por nada el ideólogo del DNU y la ley Bases, el economista sin cargo público Sturzenegger, en plan de seguir el dogma liberal, introdujo en el DNU la norma que obligaba a los médicos a recetar con el nombre genérico y no por la marca. Pero los laboratorios nacionales se movieron rápido para acercar no un ómnibus sino un vagón lleno de argumentos al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y al ministro de Salud, Mario Russo. Y así que el pasado lunes ambos funcionarios oficializaron el único cambio al decreto: autorizaron que se receta por marca. La marcha atrás llamó la atención sobre la capacidad de influencia de estos empresarios farmacéuticos. Daniel Sielecki, socio del laboratorio Elea, fue uno de los que apoyó a Milei en campaña y ahora su sobrino Ian será embajador en Francia. Hugo Sigman y su esposa, Silvia Gold, también son accionistas de Elea. El diputado radical Martín Tetaz reaccionó al giro del Gobierno presentando un proyecto de ley para prohibir que se recete por marca, pero habrá que ver si algún día se discute.
Fuente: El diario Ar
