A través de la Resolución 331, el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires decidió poner en marcha un plan de gestión de residuos en la administración pública. La cartera liderada por Daniela Vilar le pidió a todas las oficinas estatales emplazadas en territorio bonaerense que presenten un proyecto para reciclar su basura. Habrá sanciones para quienes no cumplan.
La medida apunta a los llamados Generadores Especiales de residuos sólidos urbanos que son aquellos que por su actividad generan más de 1.000 kilos de basura por mes. Esto incluye a organismos centralizados y descentralizados del Poder Ejecutivo, dependencias educativas, del servicio penitenciario, establecimientos sanitarios y universidades. También se invitó al Poder Judicial y al Legislativo y a quienes generen menos de la cantidad mínima de residuos a adherir.
Para ponerse en regla con esta nueva Resolución, cada dependencia deberá presentar su Plan de Gestión Integral e Inclusiva de Residuos de la Administración Pública (GIRA). Ahí se precisará cómo hará para tratar sus residuos y el Ministerio de Ambiente deberá darle su aprobación. En la norma se advirtió que los funcionarios de cada organismo «serán pasibles de las sanciones disciplinarias frente al incumplimiento de lo estipulado».
La Resolución que salió en el Boletín Oficial de este miércoles aclara que los generadores de residuos son «económicamente responsables» de la gestión de su basura. Esto incluye «la generación, disposición inicial selectiva, recolección, transporte, acondicionamiento y tratamiento». En este marco, deberán incluir en su plan un detalle de cómo tratarán los residuos orgánicos, los electrónicos, los neumáticos, los de construcción o demolición, los del aceite vegetal usado, y del mobiliario en desuso.
«Es fundamental involucrar a todos los trabajadores de cada organismo, fomentando el compromiso a través de acciones de sensibilización y educación ambiental», se sostuvo en la norma.
En los fundamentos de la resolución se explicó que «se reconoce la actividad desarrollada por las cooperativas y/o asociaciones civiles de recuperadores de residuos urbanos como prestadoras de un servicio esencial para la comunidad, la preservación del ambiente, y la salud pública, y para hacer efectiva la participación e inclusión social de trabajadores, la generación de empleo sustentable y la economía circular, todo ello a partir del aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos como recurso generador de valor económico».
«Para lograr un cambio estructural y cultural se buscará implementar acciones concretas tendientes a la reducción, el fomento de la separación en origen y la creación de los circuitos adecuados para la valorización de las diversas corrientes de residuos generados en los establecimientos y la disposición final de aquellos no reciclables», se apuntó.
Por ello, se destacó la necesidad de «involucrar a todos los trabajadores de cada organismo, fomentando el compromiso a través de acciones de sensibilización y educación ambiental».
