A partir del sábado 1 de julio comenzarán a regir los nuevos contratos y existen dos temores: que los valores superen largamente el índice inflacionario o que los propietarios retiren sus viviendas, en un rubro de por sí alicaído, para apostar por una renta temporaria en busca de dólares y esquivando la norma actual.
Los primeros contratos firmados por propietarios de viviendas e inquilinos comenzarán a vencer a partir del próximo sábado 1 de julio, el día en que cumplirá tres años de vigencia la llamada Ley de Alquileres, cuya continuidad pusieron en duda las principales fuerzas políticas que competirán en las elecciones nacionales de octubre.
El panorama del mercado inmobiliario, como el del país, aparece muy diferente al de mediados de 2020, cuando el Congreso aprobó la norma en medio de la pandemia por el Covid 19 y con una votación bajo la modalidad virtual. La Ley de Alquileres, como se la conoce, introdujo varias modificaciones en el vínculo entre inquilinos y rentistas, entre ellas la extensión a tres años en los contratos de locación -antes era de dos años- y la actualización anual del valor pautada a partir del Índice de Contrato de Locación (ICL), un coeficiente que elabora el Banco Central (BCRA) tomando en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE).
Este coeficiente estableció un aumento del 100% para los contratos de alquileres que se actualizaron el 1 de junio, una cifra que, por primera vez, alcanzó los tres dígitos desde que la ley fijó la nueva fórmula de cálculo. En mayo, el ICL había sido de 95,94% cuando la inflación interanual fue de 114,2%.
Hasta la entrada en vigencia de la nueva ley, los aumentos en los alquileres se pactaban de común acuerdo entre inquilinos y propietarios, en algunos casos intermediados por las inmobiliarias. El lapso de ese vínculo variaba entre los seis meses y los dos años. La norma que rige desde 2020 le dio una mayor previsibilidad a los inquilinos al extender el plazo del contrato a tres años y fijar una modalidad de actualización por el ICL.
El primer vencimiento de los contratos acordados bajo la nueva ley no solo abre a partir de julio la incertidumbre acerca de qué porcentajes de aumento propondrán los propietarios de las viviendas a los inquilinos, sino también si mantendrán esos inmuebles bajo el esquema tradicional de renta o lo harán bajo la modalidad de alquiler temporario, por ejemplo, en plataformas como Airbnb o Booking, que les permiten recibir un ingreso en dólares y esquivar las actuales condiciones legales. En ese caso, se profundizará la escasa oferta de departamentos y casas en alquiler que se observa en la mayor parte del territorio argentino mientras crece la demanda de las y los argentinos con salarios golpeados por la inflación.
La cantidad de propiedades en alquiler cayó en Tandil y de acuerdo a lo expresado por el Centro de Martilleros de la ciudad, solo un 8% de las viviendas en venta se venden en este contexto de la economía Argentina. Desde el mismo Centro de Martilleros, alentaron a aquellos propietarios que tienen su casa en venta, que se vuelquen al alquiler, para paliar el déficit habitacional reinante. A ese panorama se suma el incremento registrado en los valores de entrada a un departamento en alquiler. En mayo, el precio promedio de un monoambiente en Tandil fue $40.000, un 115,1% más que en el mismo mes de 2022. En junio de 2023 un departamento de 2 ambientes se puede conseguir por no menos de $75.000, dependiendo de la locación.
“¿Qué escenario imagino para los nuevos contratos a partir de julio? En Argentina no existe la renovación de contratos, sino el final de uno y el comienzo de otro. La decisión de llevar a cabo un nuevo contrato siempre la toma el rentista y/o la inmobiliaria que lo representa. No hay una negociación de precios entre el inquilino y el propietario. Por ese motivo, si no hay un Estado que intermedie y establezca un valor, estamos fritos”, dijo Fernando Muñoz, integrante de la organización Inquilinos Agrupados y autor del libro “La desigualdad bajo techo. Más de cien años de alquiler”.
¿Evalúa la posibilidad de que algunos propietarios decidan no renovar contratos y trasladar su viviendas a esquemas de alquileres temporarios, que aparecen como más rentables y en dólares? ¿Puede evitarse esa situación?
El alquiler tiene una anomalía de origen. El Estado fija un valor de la propiedad en pesos, que es el llamado valor fiscal. Sin embargo, el mercado calcula el valor en dólares. Si el Estado no fija un valor para la renta, el mercado, naturalmente, se va ir corriendo hacia la renta más conveniente. Mientras el Estado no controle, el mercado hará lo que quiera. Puede vaciar la vivienda sin ninguna sanción o puede alquilarla al turismo o de manera temporaria como se le antoje
¿Qué opciones de reclamo tienen los inquilinos ante escenarios de abusos en los valores para un nuevo contrato? No hay muchas opciones: hay resignación o la búsqueda de una nueva vivienda. Los inquilinos, los perdedores de siempre, necesitan una solución y una decisión contundente de las clases dirigentes y no seguir pagando estos alquileres que son los más caros de la historia con relación a los ingresos de los trabajadores.
Fuente: El diario AR
