Por Jeremías Pérez Ravasa
La política de drogas ha tenido un notable punto en común en todo el continente. Ha sido sustentada en el racismo institucional, expresado tanto en los perfilamientos en las detenciones y en el sesgo judicial en los procesos, como en la estrategia misma de aplicación, que se concentra en persecución en barrios populares, y nulo o escaso interés en los dueños del comercio exterior y el lavado de dinero. Aunque en los últimos años fue cambiando en varios países, incluída la Argentina, la normativa que regula de una u otra manera el consumo de marihuana y/o sus derivados, persisten prácticas racistas que devienen en aplicaciones desiguales de la normativa.
Según la investigadora del CONICET Florencia Corbelle, desde 1926 hasta la actualidad, excepto algunos pocos años, Argentina ha tenido como única respuesta para el consumo y tenencia de drogas, políticas penales. Corbelle explica que este enfoque puede considerarse un espejo del que adoptó todo el continente durante el siglo XX y que se impuso como modelo de regulación en el Sistema de Naciones Unidas. Existen tres tratados internacionales que le dan marco al debate sobre la política de estupefacientes en general, y de la marihuana en particular: la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, donde se cataloga a la marihuana como un narcótico; el Convenio de Sustancias Psicotrópicas de 1971 que tipifica al THC como una “sustancia prohibida”; y la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Argentina adhirió a estos documentos y construyó una normativa acorde. Un punto de inflexión a esta historia se produjo hace cuatro años, luego de una larga lucha de organizaciones de la sociedad civil.
Desde el año 2017 contamos con una legislación de regulación del cannabis para uso medicinal. Sin embargo, el uso recreativo sigue siendo penado bajo los criterios de la Ley 23.737, por lo que la Justicia Penal Federal sigue acumulando causas por tenencia para consumo. En cuanto a la regulación del cannabis medicinal, desde su sanción, la Ley 27.350 ha tenido dos reglamentaciones. La primera fue el Decreto 738/17, que estableció un régimen que permitía importación de medicamentos y el desarrollo de cultivos en determinadas condiciones para fines científicos. La segunda reglamentación, el Decreto 883/20, permitió el autocultivo, creando un Registro de Productores de Cannabis (REPROCANN), y obligó al Estado, las prepagas y las obras sociales a proporcionar los derivados del cannabis a los pacientes. La nueva reglamentación, a su vez, fomenta los estudios de investigación y desarrollo. Esto ha impulsado el crecimiento de proyectos en distintas universidades en el país, además de varios proyectos en colaboración con el CONICET. Por otro lado, once provincias ya han desarrollado normativa propia en relación al aceite de cannabis.
Estos cambios son notables a la luz de un siglo de prohibición total en nuestro país y de las historias de resistencia de las organizaciones que se nuclearon en torno al cannabis medicinal. No obstante, existe una narrativa construida en torno a este tema donde, en palabras de Esteban Rodríguez Alzueta, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes: “Los estereotipos de narcotraficante no están hechos para aprehender al blanco sino para cazar al negro”.
Esto se manifiesta como respuesta inmediata a la creciente violencia, como ejemplifica Rodriguez Alzueta en la situación actual de Rosario: “El narcotráfico, la percepción que construimos sobre el mundo narco, es un espejo del racismo social”. El planteo de fondo sigue siendo el mismo que antes de 2017, la guerra contra las drogas no funciona para controlar el tráfico sino para hacer un control desigual de la población. Por complicidad u omisión de las instituciones competentes, existe una línea de color que divide la realidad en dos: los dueños del gran tráfico viven en barrios cerrados y viajan en aviones privados, y las fuerzas de seguridad se abocan al control social en los barrios populares de las ciudades y sus conurbanos en todo el país.
A su vez, desde la sociedad nos hacemos eco de ese discurso y lo vemos expresado cada tanto en algún personaje público. Como señaló hace cuatro años una diputada nacional: «Una cosa es legalizar la marihuana para el que tiene departamento en Palermo y otra para el que vive en una casa de chapa.”
Aunque el enfoque dominante de Naciones Unidas sobre la marihuana ha sido prohibicionista, en los últimos años, producto de los sistemáticos casos de violencia institucional en los procedimientos de detención policial y el uso en todo nuestro continente de perfilamientos raciales para las detenciones, los distintos mecanismos de protección tanto del Sistema Interamericano como de Naciones Unidas han advertido sobre la necesidad de modificar las políticas de control social en nombre de la guerra contra las drogas. En el caso de Argentina, ambos sistemas, regional y universal, se han pronunciado recientemente sobre este tema. En el año 2019, el Grupo de Expertos sobre Afrodescendientes visitó nuestro país y en su informe ante la asamblea general señaló:
“Las experiencias de las personas afrodescendientes con las fuerzas del orden muestran la prevalencia de la discriminación estructural.(…) Los estereotipos negativos de los afrodescendientes en el sentido de que son delincuentes peligrosos y violentos involucrados en el tráfico de drogas y el trabajo sexual han contribuido a una vigilancia policial excesiva, lo que ha dado lugar a mecanismos selectivos y discrecionales para llevar a cabo detenciones e investigaciones arbitrarias. Según se informó, la excesiva vigilancia policial se manifiesta en la fuerte presencia y vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad en zonas populares habitadas mayoritariamente por “no blancos”; el número excesivo de personas no blancas en los lugares de detención, tanto en los centros de detención preventiva como en los centros penitenciarios; y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, fenómeno conocido como -gatillo fácil-”.
Cabe señalar que la justificación de la tenencia de drogas para la requisa por perfilamiento racial siempre ha estado presente en los procedimientos policiales en nuestro país. Tres años después de la Masacre de Budge, uno de los testigos clave de los asesinatos que dieron origen al concepto «gatillo fácil», de nombre Daniel Alberto Mortes, declaró que el policía que condujo la masacre los hostigaba y les decía que “iba a limpiar la esquina, [que] conocía todo lo que hacíamos: que nos escabiabamos, que fumábamos marihuana (…)”.[Entrevista realizada el 7 de noviembre de 1990]. En otra declaración periodística de ese mismo año, otro testigo señaló “Balmaceda es el que nunca nos dejaba juntar. Para él somos todos negros delincuentes” [Entrevista a Germán Arévalo del 10 de abril de 1990]. También podemos observar esta asociación racista con la narcocriminalidad, en el asesinato de Delfín Acosta Martínez, un joven afrodescendiente que tras una brutal golpiza de la policía federal falleció en un calabozo en 1996. Esto derivó en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la Argentina, en 2020. Allí la corte retoma los argumentos presentados por el Grupo de Expertos en el año 2019, le señala al Estado su obligación de trabajar en la formación y capacitación de las fuerzas de seguridad y le pide revisar los procedimientos de detención. En estos dos casos, que además son emblemáticos en lo que respecta a la lucha contra la violencia institucional en nuestro país, vemos dos formas distintas de expresión de esta línea de color que atraviesa la lucha contra las drogas. Por un lado, el perfilamiento racial que estructura la política de seguridad en el caso de la Masacre de Budge, y por otro, el sesgo de la justicia en el caso Acosta Martínez, que en distintas instancias falló justificando a las fuerzas de seguridad y culpando a la víctima por adicto. En definitiva, aunque los tiempos van cambiando, se evidencia una continuidad histórica en nuestro país donde la persecución a las drogas y el racismo institucional van de la mano.
Esta problemática también se halla presente en los demás países de nuestra región. La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, se ha expresado en varias oportunidades sobre este tema, incluso en su última visita a la Argentina el año pasado. Entonces señaló que era necesario poner en debate: “la política de drogas que ha servido para dejar la plata en los bancos y los muertos en los territorios”. Ante el auditorio del CCK repleto, manifestó: «Afrontar el tema de la política de drogas implica poner desde Colombia y en la región, el debate sobre la legalización de las drogas como un camino para resolver tantos años de sufrimiento profundo para las comunidades que han padecido los efectos de la política antidrogas y el narcotráfico.»
Por su parte, Brasil ha modificado alguna legislación respecto del uso de cannabis para fines medicinales el año pasado. Este año, probablemente tenga alguna noticia sobre el tema, ya que se esperan algunos fallos judiciales de cierta resonancia pública. Por su parte México, Uruguay y Canadá, con sus diferencias, tienen nueva normativa de regulación que incluye el uso recreativo y permite el autocultivo. Lo propio se podría decir de la normativa en algunas jurisdicciones en los Estados Unidos. Este cambio, sin embargo, no es necesariamente acompañado por una política antirracista, y según explica el neurocientífico Cark Hart de la Universidad de Columbia, el miedo que se infunde contra la legalización a nivel mundial está basado en el mismo “sensacionalismo racista” que sostiene la actual política contra las drogas.
Existen notables trabajos académicos que dan cuenta del racismo institucional que sostiene la actual guerra contra las drogas. Un caso destacable es el de la doctora Michelle Alexander de la Universidad Estatal de Ohio y su best seller “El color de la justicia”. También ha investigado sobre este tema Angela Davis, y la antropóloga Juliana Borges, quien publicó en el año 2021 “Encarcelaciones masivas, género, raza, clase y guerra contra las drogas”. Todas las investigaciones, entre los cuales los trabajos mencionados son ineludibles pero no únicos, dan cuenta de un patrón común; la línea de color.
Según un trabajo del Fiscal Federal Federico Delgado, desde el año 2011 al 2017, el 50% de las causas relacionadas con drogas que llegaban a su fiscalía eran por tenencia para consumo personal. El fallo Arriola estableció un antecendente muy importante en este tema, en un caso en el que la tenencia para consumo personal no fue considerada delito. Sin embargo, este relevamiento deja en evidencia que las detenciones por tenencia para consumo se siguen realizando como prodecimiento común, más allá de que luego la justicia desestime estas causas. Otro trabajo sobre el perfilamiento en las detenciones y la aplicación desproporcionada de la Ley 23.737, es un informe de la Asociación Civil Otrans del año 2018.
Ante la falta de estadísticas oficiales, las organizaciones producen datos y se organizan en torno a este tema. Todos los años distintas organizaciones de derechos humanos de todo el mundo realizan eventos paralelos a la Sesión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, para reclamar contra el racismo en la política de drogas a nivel mundial, y la necesidad de reformas profundas.
En Argentina, la falta de estadísticas que consignen origen étnico racial convierte a la racialización de la población carcelaria en un fenómeno invisibilizado. Así lo entiende la Dra. María Victoria Baca Paunero, especialista en política de drogas e integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCa): “Nadie trabajó sobre datos de perfilamiento racial (…). Esto pasa porque el sistema penal es en general racista sin advertirlo, ni reconocerlo”.
Lo que sí sabemos es que la política de drogas se concentra en el consumidor de ciertos barrios, y no en los grandes dueños del comercio ilegal.
Las aproximaciones al tema nos indican que existe un sesgo en las detenciones y también un sesgo del sistema judicial, que se expresa en la proliferación de casos por tenencia y las escasas condenas por lavado de activos provenientes del tráfico. Esteban Rodríguez Alzueta lo llama un «espejo del racismo social». Existe una narrativa que sigue haciendo de la guerra contra las drogas un mecanismo de control racial más que uno para combatir el tráfico.
Hoy es un día celebratorio para quienes hacen uso de la planta y sus derivados por razones medicinales y/o terapéuticas, y para quienes hacen un uso recreativo. No obstante, vale la pena reflexionar sobre el camino recorrido porque sigue rigiendo una normativa y una política pública marcada por el racismo institucional.
