Se cumplen veinte años desde que un informe de Telenoche Investiga, por Canal 13 y en horario central, puso en pantalla los testimonios de tres adolescentes contando los abusos a los que Julio César Grassi los sometía. Grassi, el cura que había levantado una obra monumental a fuerza de codearse con ricos y famosos era acusado de abusador. Enrique Stola, el psiquiatra que atendió a dos adolescentes víctimas del cura, sostuvo que el caso «fue un antes y un después no sólo en las denuncias contra la Iglesia sino también en los abusos que ocurren a nivel intrafamiliar. Se empezó a hablar en toda la sociedad del abuso sexual de las infancias».
La causa tuvo idas y vueltas hasta que finalmente fue condenado a 15 años de prisión. Su condena fue la que terminó destapando una olla a presión. Uno a uno los casos comenzaron a sumarse. Hoy, veinte años después de aquella noche, son 128 los sacerdotes, monjas y religiosos de la Iglesia católica que fueron involucrados en casos de abuso sexual. «Que se lo hayan condenado es muy importante, hay pocos antecedentes en el mundo donde personas tan poderosas cumplan la condena. El cumplimiento de una condena efectiva fue muy reparador para las víctimas», dijo Juan Pablo Gallego, abogado de la querella.
La lista es el abanico de la Iglesia: Hay un arzobispo -Gabriel Edgardo Storni, fallecido luego de que la justicia ordenó un segundo juicio en su contra-, dos obispos -Gustavo Zanchetta y Abelardo Silva, el primero condenado y el segundo muerto sin condena-, seis monjas, dos monaguillos y más de cien sacerdotes.
El mapa refleja también el trabajo de las víctimas por animarse a denunciar y lo poco dispuestas que parecen estar la justicia y la Iglesia para saldar esta cuenta pendiente: Sólo 31 miembros de la Iglesia recibieron una condena judicial, uno poco más del 24 por ciento. La expulsión del sacerdocio, máxima pena de la justicia canónica, fue impuesta a 28 sacerdotes, alrededor del 21 por ciento. Hasta el momento ninguna monja fue sancionada y sólo cuatro enfrentan un proceso judicial.
Las sanciones, tanto las judiciales como las eclesiásticas no siguen un patrón. Hay curas expulsados que fueron absueltos por prescripción del delito por la justicia. Y hay otros que aún con condena firme continúan siendo sacerdotes. Grassi es uno de ellos.
A pesar de las graves acusaciones en su contra, Grassi, que hoy tiene 66 años, continuó libre muchos años gracias a que se le otorgó la libertad morigerada, es decir que no se le permitió acercarse a los chicos de la fundación al tiempo que aseguraba que las denuncias en su contra eran parte de una «extorsión».
Durante todos los años que duró la causa, los querellantes denunciaron que desde el entorno de Grassi, quien contaba con grandes conexiones con el poder político, mediático y empresarial del país, intentaron entorpecer la investigación.
«Grassi manejaba los medios, él era famoso y muy poderoso, tenía como 30 abogados. Siempre se intentó frenar la causa, tuvo un apoyo descomunal», relató Gallego, quien recordó que «balearon a testigos clave, casi secuestran a una víctima y le cortaron un dedo a otro», entre otros episodios violentos. Además, contó que «la justicia de Morón también intentó ayudarlo pero el nivel de prueba que presentamos hizo imposible no condenarlo». Por su parte Stola dijo que entraron tres veces a su casa y hasta le dieron una paliza. «Era gente muy pesada la que rodeaba el cura», rememoró.
Esta investigación toma como base la lista publicada en 2017 por la agencia Télam. Se trató de la primera que dio a conocer el mapa del abuso eclesiástico en Argentina y que determinó que 59 curas y 3 monjas habían sido denunciados por delitos sexuales luego del caso Grassi. De todos ellos, sólo ocho habían recibido una condena y 3 fueron expulsados del sacerdocio.
Desde entonces, se sumaron 66 nuevas denuncias, hubo 23 condenas y 25 sacerdotes recibieron la máxima sanción canónica.
La ola de denuncias en todo el mundo resulta imparable. Lo que comenzó en 2002 con la investigación del Boston Globe, aquella que derivó en la película Spotlight y mostró que más de 4.392 clérigos habían sido denunciado entre 1950 y ese año, tuvo uno de sus último capítulos el año pasado en Francia cuando una comisión independiente determinó que al menos 216 menores fueron abusados a lo largo de 70 años. Australia, Alemania, España y Portugal son otros países en los que se han encarado investigaciones colectivas.
Aunque no hay datos oficiales, Anne Barret Doyle, de BishopAccountability.org (Rendición de Cuentas para los Obispos), dijo a Télam en 2019 que «la cifra de curas acusados de abuso (en la Argentina) hoy llega a cerca de 100, pero sabemos que esto es una fracción pequeña del número real».
Y agregó: «Calculamos que podrían llegar a 1.300 los agresores sexuales dentro de la Iglesia argentina y eso se basa en la extrapolación de la relación entre los casos públicamente expuestos y los que la propia Iglesia se vio forzada a divulgar en países como Irlanda, Australia y Estados Unidos».
Más allá de los números, lo cierto es que la Iglesia continúa manejándose como un estado paralelo con sus propias reglas. El concordato que la Santa Sede firmó en 1966 con el Gobierno de Onganía -y que le permitió el libre ejercicio de su fe- sirvió en los hechos funciona como barrera para impedir el acceso a las investigaciones canónicas. El entramado de normas internas resulta inaccesible para cualquier mortal. Hay un derecho pontificio y un derecho diocesano. La conducta de los sacerdotes, por ejemplo, es juzgada por al Congregación para la doctrina de la Fe, que no juzga a los obispos quienes tienen sus propias reglas distintas de las monjas o los religiosos consagrados.
Fuente: Telam y El diario Ar
