En la mayoría de las demandas de las mujeres que solicitan una cuota alimentaria para sus hijos, la Justicia fija un monto mensual que debe depositar el progenitor que no convive con los hijos, para colaborar con los gastos destinados a su bienestar. Para no tener que sufrir desactualizaciones de esos montos por la creciente inflación, la sala H de la cámara nacional en lo civil, resolvió un fallo ajustando la cuota alimentaria al índice del aumento de los alquileres, establecido por el Banco Central. Sentando de esta manera un precedente para el futuro inmediato de millones de mujeres en Argentina, que sufren todos los meses de violencia económica, visibilizando la problemática y actuando en base al régimen inflacionario actual.
Si bien el pronunciamiento judicial tiene efecto sólo entre las partes involucradas, para los especialistas significa un avance en el reconocimiento de la necesidad de considerar el contexto económico a la hora de establecer cuotas alimentarias. Agustina Salvi, abogada tandilense, que se dedica al derecho familiar, sostuvo que, “se viene trabajando mucho en visibilizar esta problemática, que viven cientos de mujeres en la ciudad y millones en todo el país. Principalmente porque los incumplimientos de la cuota alimentaria, configura un hecho de violencia económica y patrimonial. En muchos casos también la sociedad y la justicia siguen sin responder sobre estos derechos. El estado es quien tiene que empezar a romper estas desigualdades y hay que reconocer al movimiento de mujeres organizadas que de alguna manera, fueron capaces de hacer visibles está problemática, las demandas y los derechos conquistados”.
La manutención de los hijos es una de las obligaciones de los progenitores comprendidas en el Código Civil y Comercial de la Nación. La cuota alimentaria no sólo es un derecho para que se puedan cubrir los gastos de alimentos y bebidas de los menores, sino que busca alcanzar su desarrollo integral, considerando su vivienda, educación, vestimenta, salud y entretenimiento. «Hoy en día se tienen en cuenta tres elementos fundamentales para estos procesos de alimentos, en primer lugar el caudal económico del alimentante, luego los gastos de los alimentados y también el trabajo de cuidados, que no se consideraba como tal y que viene a compensar esas desigualdades en la crianza y el tiempo que ello conlleva. Bajo estos puntos, se pueden pensar y pedir cuotas alimentarias más altas. La Justicia está haciendo un buen trabajo en este sentido con varios fallos en donde reconocen la violencia económica que debe contemplarse a la hora de fallar sobre cuotas alimentarias”, señaló Salvi.
Con estos últimos datos se funda el verdadero problema jurídico en Argentina, ya que todavía está vigente una norma, que prohíbe la indexación, que es una norma que estaba en la Ley de Convertibilidad de 1991. “No se puede indexar una cifra a priori, por eso los jueces comenzaron a dictar planteando la búsqueda de algún índice de actualización, como puede ser el aumento del salario mínimo vital y móvil, la Ley de Alquileres, o el aumento que recibe algún sector en particular. El objetivo es mantener actualizada, sin necesidad de tramitar incidentes, es decir, tener que hacer nuevos juicios”, señaló la abogada Agustina Salvi.
“No solo el problema es judicial, también la respuesta tiene que venir desde el ejecutivo y el legislativo, con una agenda pública que hay que debatir y trabajar. Necesitamos la colaboración del estado municipal para encarar esta temática. En Tandil hay un proyecto de ordenanza, presentado por el Frente de Todos, en donde se trabaja este tema de cuotas alimentarias, que tenga adhesión municipal para diseñar políticas públicas con perspectiva de género. Necesitamos pensar con datos cualitativos y cuantitativos como es la situación en Tandil sobre esta temática, porque si bien hay muchos procesos judiciales iniciados en los dos juzgados, es necesario saber sobre los incumplimientos para seguir trabajando en estos derechos de familia”, finalizó la profesional del Estudio Salvi.
