El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires relevará y derogará todos los decretos durante gobiernos de facto, incluída la última dictadura cívico militar (1976-1983). El anuncio efectuado por Axel Kicillof junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, llega en el Día Nacional de la memoria por la Verdad y la Justicia. Fue el propio Alak quien agradeció públicamente a Kicillof por «decisiones importantes», como la de «instruir a la Asesoría de Gobierno para que hagamos un relevamiento de todos los decretos que hay vigentes que fueron dictados por dictaduras militares y proceder a su evaluación y derogación».
El anuncio del Ministro de Justicia quedó pendiente de profundización. Alak no aclaró si revisarán y derogarán todos los decretos, o solo aquellos que se encuentren «fuera de época». Fuentes provinciales tampoco pudieron aclarar al alcance de la medida, que podría ser realmente hondo.
En lo inmediato esto podría significar, por ejemplo, reemplazar la vieja Ley Orgánica de las Municipalidades, que data de 1958. Esa norma fue dictada por el interventor nombrado en la Provincia de Buenos Aires por la Revolución Libertadora, coronel Emilio Bonnecarrére, tres días antes de dejar el poder a las autoridades democráticamente elegidas, el 29 de abril de 1958.
El anuncio de Julio Alak encontró un eco en el poder legislativo. Hoy la Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto de resolución para crear de manera bicameral una Unidad para la Reparación Histórica Legislativa, que será la encargada de revisar dichos decretos y ordenanzas de las dictaduras militares y derogarlos o convertirlos en leyes de la democracia.
«El citado proyecto tiene como objetivo asistir en la revisión de los Decretos Leyes y Ordenanzas Generales dictadas por los diferentes gobiernos de facto y su futura conversión en leyes y normas de la Democracia», explicaron desde el órgano parlamentario.
Un segundo anuncio durante el acto que encabezó Axel Kicillof tuvo que ver con la entrega del edificio donde funcionaba la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, disuelta en 1998, considerada un eslabón fundamental para poner en práctica el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar. Allí comenzará a funcionar el Museo provincial de la Memoria.
«Va a estar a disposición toda la documentación para que el poder judicial pueda avanzar con lo que necesitamos, que es justicia. Tenemos memoria, tenemos verdad, nos falta justicia», dijo Julio Alak, que firmó junto al Gobernador y el vicepresidente de AABE, Juan Debandi, el traspaso del edificio. La concreción del nuevo espacio estará a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno.
Por último, la diputada provincial Susana González presentó un proyecto de ley para generar un organismo provincial que desarrolle políticas que prevengan, identifiquen y denuncien «conductas públicas negacionistas en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y el etnocidio contra los pueblos originarios».
«El término negacionismo debe entenderse como la práctica de minimizar, justificar, relativizar o negar los crímenes de lesa humanidad y genocidios cometidos por un Estado o partido de gobierno, en un momento y en un territorio determinado, y contra una población definida e individualizada de antemano por quien resulta responsable de perpetrarlo», aclaró la diputada del Frente de Todos.
Y aseguró que «el negacionismo no es solo una estrategia, sino más bien una política sostenida en el tiempo cuya meta consiste en refutar los hechos desde una óptica “distinta” que explique eventos genocidas, siempre relativizando la responsabilidad del Estado».
