La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires manifestó su disconformidad con la decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que absolvió a los hermanos Julio y Emilio Méndez, condenados en 2012 por su participación como cómplices del secuestro y asesinato del abogado laboralista de Olavarría, Carlos Alberto Moreno en 1977.
«Con esta decisión, que replica el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de diciembre pasado, la Justicia federal plantea un doble estándar respecto del juzgamiento a civiles acusados por su participación en la comisión de crímenes de lesa humanidad», indicaron en un comunicado. «Esta resolución implica un límite en el juzgamiento de estos delitos: los actores económicos (empresariales y técnicos) que contribuyeron y/o buscaron beneficiarse durante el período de la dictadura cívico-militar, aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza», agregaron.
A criterio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es querellante en la causa, «esta nueva doctrina que se intenta instalar, además de ser completamente arbitraria configura una situación de notoria gravedad institucional, comprometiendo la responsabilidad del Estado argentino que se encuentra internacionalmente obligado a investigar y juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad», expresaron.
«Así lo resuelto por la Sala IV, no solo reviste gravedad institucional con miras a la debida preservación del imperio constitucional, convencional y del derecho internacional de los derechos humanos, sino que las cuestiones que se ventilan en esta causa superan los intereses de los partícipes, de tal modo que ella conmueve a la comunidad entera en sus valores más sustanciales y profundos», aseguraron desde la Subsecretaría.
El juzgamiento y castigo a los autores de crímenes contra la humanidad perpetrados durante el período más oscuro de nuestra historia reciente es la piedra basal del consenso social más importante conseguido desde el retorno de la democracia. «Las complicidades civiles y empresariales no pueden, ni deben, estar por afuera de aquel consenso ni ser la excepción», acotaron.
«La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires persistirá en su compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, como una verdadera política de Estado. Por tal motivo recurrirá el fallo en los próximos días a través de la presentación de un recurso extraordinario federal», cerraron.
Por su parte, Matías Facundo Moreno -hijo del abogado laboralista y actual subsecretario de Derechos Humanos- dijo: “Todavía tenemos muchas decisiones judiciales que siguen obturando el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Estas decisiones que últimamente están siendo generadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, están poniendo un doble estándar en lo que tiene que ver con la valoración de la prueba con la participación civil en la última dictadura cívico militar. Eso es sumamente peligroso porque siguiendo los estándares de juzgamiento que está planteando la Corte, hoy por hoy nos imposibilita avanzar en esos lugares incómodos que es delimitar cuales fueron las responsabilidades y la participación de los sectores civiles durante la última dictadura cívico militar, lo que además compromete la responsabilidad del Estado argentino que se encuentra internacionalmente obligado a investigar y juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad. Por eso estos fallos son de suma gravedad institucional”.
