Detrás de la sesión que convocó Mario Negri para prorrogar el régimen de promoción de los biocombustibles hasta 2024, se oculta una gigantesco lobby que ejercieron las grandes cerealeras, con Cargill y Louis Dreyfus a la cabeza, que buscan evitar que prospere la nueva ley que presentó Máximo Kirchner para priorizar a las pymes productoras en la provisión del mercado interno.
Es que los grandes holdings son los principales fabricantes de biodiesel que en su mayor volumen se destina a la exportación pero tampoco quieren resignar los cupos de corte para la mezcla de naftas y gasoil para la distribución interna, como intenta evitar el oficialismo con la aprobación del nuevo régimen.
Ocurre que con la ley actual, que impulsó Néstor Kirchner en 2006, determinó un porcentaje de corte para el biodiesel y el bioetanol en naftas y gasoil con un precio de venta que se fue incrementando con el tiempo a través de distintas resoluciones de la Secretaría de Energía. Esta ley creó las condiciones para que surgieran pequeñas y medianas plantas productoras de bioenergía líquida a base de caña de azúcar, soja y maíz.
Hoy en el país hay 56 plantas de las cuales 19 están instaladas en Santa Fe que en su gran mayoría son pymes pero también Dreyfus y Cargill han levantado sus propias factorías con grandes capacidades productivas que, afirman en el sector, se destinan totalmente a la exportación mientras que el resto de las pequeñas y medianas industrias producen para el mercado interno aunque el actual régimen no lo prevé expresamente.
En consecuencia, el bloque del Frente de Todos propuso debatir una nueva normativa que reserve a las pymes la provisión de biocombustibles para el corte de naftas y gasoil que se despacha localmente e impedir que las grandes cerealeras o controladas por ellas acaparen el mercado interno.
Frente a esta situación, Cargill y Dreyfus se pusieron al frente de las negociaciones para que diputados se adelantase con la sanción de la prórroga del actual régimen que vence a mediados de mayo y que obtuvo media aprobación en la Cámara Alta.
Sin embargo, la sesión convocada por Cambiemos, el bloque de Lavagna y el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti para este jueves no logró siquiera sentar a todos los legisladores de esos espacios y lo dejó al radical Mario Negri masticando la bronca.
Ocurre que los intereses sobre el tema son múltiples y complejos. Por un lado, las provincias petroleras que se niegan de plano al corte de naftas con biocombustibles y se resisten con la misma fuerza tanto a la prórroga como a la una nueva ley; mientras que en las provincias productoras Santa Fe y Córdoba tienen mucho peso las grandes terminales agroexportadoras que llevaron adelante el lobby para que se apruebe este jueves el actual régimen.
En definitiva, la duda que quedó flotando este jueves en el Congreso que disparó el diputado Nicolás del Caño con la denuncia pública del lobby de Dreyfus y Cargill fue porqué diputados que están a favor de defender al sector pyme de la producción de biocombustibles se resisten a tratar la nueva ley que les da un marco de certidumbre mayor que la prórroga de la actual, reservando para sí los cupos del mercado interno.
Lo lógico sería apurar el trámite para que se apruebe la nueva legislación, razonan en el oficialismo, que permita fijar por escrito el régimen que dicen que está vigente y garantizado en la práctica y que no perjudica a las grandes exportadoras porque no las afecta.
En ese sentido, un importante dirigente del sector agroexportador le reconoció a LPO que el mercado del biodiesel no puede sostenerse a través de pymes ya que la competitividad depende de la producción a gran escala y que para subsanarlo habría que definir un programa de fusión de empresas o la reconversión de las mismas, el objetivo contrario que propone el proyecto del oficialismo.
El tema escaló la tensión luego de la reunión de Comisión en Diputados del lunes pasado donde el legislador rosarino Marcos Cleri dejó un dato inquietante cuando acusó a las grandes exportadoras de realizar triangulaciones de ventas a Europa para evadir impuestos.
«Desde 2016, por un convenio especial con la Unión Europea y una asociación las 7 grandes exportadoras venden a través de Holanda, Bélgica y un 30% en Malta. Y cuando uno averigua cuánto biocombustible se usa en Malta, se entera que hay un paraíso fiscal», disparó el diputado Cleri.
De hecho, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario sostiene que Malta fue el segundo destino de exportación de biodiesel argentino en 2019 con 90 mil toneladas representando el 16 por ciento del total de las ventas al exterior durante ese período y del 14% en 2017 cuando la isla mediterránea tiene apenas 500 mil habitantes, todo un misterio.
Fuente: La Política Online
