La Comisión Europea ha propuesto este lunes endurecer las recomendaciones sobre restricciones al movimiento para aislar de manera tajante a las zonas con una incidencia acumulada de más de 500 casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes en 14 días. La nueva recomendación, que Bruselas espera que los Estados miembros aprueben en cuestión de horas o días, supondrá la introducción de “medidas fuertemente disuasorias” para impedir viajar, salvo causa excepcional, a los residentes en las zonas afectadas. Numerosas provincias españolas, incluidas Madrid y Barcelona, superan el umbral fijado por la Comisión.
El proyecto de Recomendación establece una cuarta zona de riesgo, calificada como “rojo oscuro”, que se une a las tres actuales (verde, naranja y rojo, en función de las restricciones a la libertad de movimiento impuestas). Bruselas define como rojo oscuro a las zonas donde la incidencia acumulada durante 14 días supere el umbral de 500 casos por cada 100.000 habitantes, un nivel rebasado en casi toda España.
En esta cuarta y nueva categoría, de máxima restricción, el cerrojazo afectará a todos los viajes considerados no esenciales, es decir, desde viajes por turismo a desplazamientos laborales o familiares que no sean valorados como imprescindibles. Las personas que aún así deseen desplazarse fuera de su territorio deberán disponer de una prueba PCR negativa antes de iniciar el viaje. Y serán sometidas a cuarentena obligatoria al llegar a destino.
La recomendación vigente hasta ahora, adoptada en octubre del año pasado, establecía límites de movimiento para las zonas en rojo, con una incidencia superior a los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Pero el texto pedía a los Estados que en ningún momento se contemplase la prohibición tajante de movimientos y establecía la posibilidad de realizar tests a la llegada en destino, acompañados, en caso necesario, de la imposición de cuarentenas. Con la nueva recomendación, la prueba en el lugar de destino sólo será posible para los ciudadanos de un país que regresen desde el extranjero y que no hayan podido realizar un test previo.
Para el resto de viajeros, la salida de las zonas en rojo oscuro quedará supeditada a demostrar por adelantado que, en principio, no se es portador del virus. “La situación en Europa, con las nuevas variantes, nos lleva a tomar decisiones difíciles pero necesarias”, ha justificado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la propuesta de nuevas medidas restrictivas.
El texto prevé que incluso a los trabajadores esenciales procedentes de las áreas de máxima transmisión comunitaria (rojo oscuro) se les deberá exigir pasar un test y una cuarentena, aunque en estos casos precisa que debería hacerse sin que tenga “un impacto desproporcionado en el ejercicio de su función esencial”
Solo los transportistas quedarán exentos y, según la Comisión, deberá franqueárseles el paso sin imponerles medidas restrictivas como las cuarentenas; los países podrían exigirles un test rápido de antígenos, pero en caso de que se produzcan interrupciones en el transporte los Gobiernos deberán levantar o derogar esas medidas de inmediato.
El objetivo de esta exención es garantizar el funcionamiento del mercado único y el abastecimiento en todo momento a través de los llamados corredores verdes habilitados para salvar los caóticos cierres de fronteras de la primera ola. “No podemos permitirnos interrumpir los viajes y las cadenas de suministro esenciales, sobre todo para mantener el suministro de vacunas”, ha dicho Didier Reynders, comisario de Justicia al defender las nuevas restricciones a la libre circulación.
La propuesta de la nueva Recomendación llega después de que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés) haya elevado el pasado viernes la alerta ante la “muy probable” introducción y propagación comunitaria de las nuevas y más contagiosas variantes del virus, que podrían llegar a poner en aprietos el sistema de salud en la UE.
En estos momentos, la incidencia acumulada en Europa es de 453 casos por cada 100.000 habitantes y 13 de los 27 países de la UE, entre ellos España, superan el nuevo umbral de máximo riesgo, según el ECDC. Ni Alemania, ni Francia ni Italia, los tres principales países en términos de población, se encuentran en estos momentos entre los Estados más afectados.
La renqueante campaña de vacunación, en la que la UE se encuentra aún muy por detrás del Reino Unido y de Estados Unidos, marcada además por los retrasos en las entregas anunciados por las compañías farmacéuticas, son otra de de las razones que han llevado a la UE a incrementar las restricciones. “Lo importante es reducir el número de contactos”, ha explicado un alto funcionario europeo. “Esa es la base de estas recomendación”.
En estos momentos, la mayor parte de regiones españolas superan también los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Las únicas que, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, del pasado viernes, quedarían fuera de este confinamiento europeo serían Canarias y la cornisa cantábrica: Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra. En el resto de Comunidades Autónomas, la norma impedirá el desplazamiento hacia el resto de Europa, así como la llegada desde el exterior mientras el índice no baje de los 500 casos.
Las nuevas medidas de aislamiento regional, al afectar a derechos fundamentales garantizados en los Tratados de la UE, deberán ser “proporcionadas” y “no discriminatorias”, según el texto aprobado por la Comisión. Los países han de justificar ante Bruselas sus medidas y el incumplimiento de estos principios podría ser llevado incluso a los tribunales, ha explicado el comisario Reynders.
El proyecto señala que “los Estados miembros deberán disuadir con fuerza los viajes no esenciales desde y hacia las áreas clasificadas como rojo oscuro”. Estas zonas de nivel subnacional no tienen por qué coincidir necesariamente con las fronteras de los países, y podrá incluso afectar a regiones de dos o más Estados.
Sobre el significado de la expresión “disuadir con fuerza” el comisario Reynders ha explicado que la idea es mandar un “mensaje claro” de las autoridades europeas y nacionales a los ciudadanos sobre los viajes. “Las normas pueden variar, pero la principal recomendación en esas zonas es la de no viajar”, ha señalado la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, durante la rueda de prensa posterior a la aprobación del proyecto.
El documento sí contempla excepciones para aquellos ciudadanos europeos transfronterizos que cruzan las lindes entre países “a diario o frecuentemente para ir al trabajo o a la escuela, visitar a familiares cercanos, buscar atención médica o cuidar de sus seres queridos”, para quienes el bloqueo sería “particularmente disruptivo”. Sus desplazamientos son considerados “esenciales”, por lo que no se les deberá exigir en principio cuarentenas.
En la UE, hay cerca de dos millones de trabajadores transfronterizos que residen en un país y trabajan en otro (el 1% de la fuerza laboral), pero es un problema especialmente grave en países como Luxemburgo, que recibe a diario casi 200.000 trabajadores de otro país, y donde dos tercios de sus sanitarios vienen cada día desde algún país del entorno. España cuenta con 6.663 trabajadores que cruzan a Francia a trabajar y otros 4.800 a Portugal. Las categorías de empleos consideradas esenciales siguen siendo las mismas que hasta ahora –del transporte a la salud, pasando por el personal diplomático, policías, militares, protección civil y periodistas–.
La nueva propuesta del Ejecutivo comunitario llega después de que los Veintisiete solicitaran en la cumbre de la semana pasada una arquitectura común para articular una respuesta coordinada, por lo que se espera que le den el visto bueno. La UE, en cualquier caso, solo fija una guía, una especie de marco mínimo con criterios comunes. Pero son los Estados miembro quienes finalmente han de introducir las normas que consideren oportunas sobre tests y cuarentenas.
La medida llega en un momento de potencial confusión, cuando algunos países de la UE han comenzado a tomar de manera unilateral medidas restrictivas, como Bélgica, donde se encuentran gran parte de las instituciones comunitarias, y cuyas autoridades ya han prohibido todos los viajes no esenciales desde el 27 de enero hasta el 1 de marzo.
Nota de El País
