La fiscal general Gabriela Boquín le reclamó al Gobierno que acuerde la deuda que la familia del presidente Mauricio Macri mantiene con el Estado desde que su grupo dejó de administrar el Correo Argentino.
La deuda que la familia Macri tiene con el Estado es de 300 millones de pesos, suma a la que habría que añadirle los intereses de los últimos 18 años. La fiscal constató que hubo desvíos por 35 millones de pesos a consultoras y estudios jurídicos vinculados a funcionarios de Cambiemos, pese a no tener actividad comercial.
En tanto que el fiscal Gerardo Pollicita rechazó anular la causa, pedido realizado por Macri con el argumento de la “inexistencia de delito”, ya que cuando estalló el escándalo, el acuerdo perjudicial para el Estado al que habían llegado funcionarios del Gobierno con el Grupo Macri por el Correo Argentino no se concretó.
Boquin denunció desvíos irregulares y un “vaciamiento progresivo”, a través de un dictamen. Correo Argentino S.A benefició a consultoras, estudios jurídicos y ejecutivos ligados a funcionarios de la alianza Cambiemos por casi $35 millones a pesar de no tener actividad comercial.
El actual secretario de Legal y Técnico de Mauricio Macri, Pablo Clusellas, integra la empresa Romero Zapiola & Clusellas y es otra de las contratadas por la compañía por $120.082, entre julio 2004 y junio 2005, y por otros $130.855 entre agosto 2005 y marzo 2007.
Otro de los que recibieron dinero a través de los desvíos irregulares que investiga la fiscal es el hermano del diputado Pablo Tonelli, quien dirige el estudio de abogados Tonelli, y que recibió alrededor de $4 millones en concepto de honorarios profesionales por el concurso de acreedores, entre 2004 y 2007; una parte de los $14.386.053,68 que recibieron nueve estudios jurídicos.
Además, la fiscal solicitó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que investigue el accionar de quienes deben intervenir en la negociación con Correo Argentino y que -al mismo tiempo- integraron la compañía de la familia Macri. Entre ellos se encuentra el secretario de Modernización, Andrés Ibarra, quien tiene potestad de intervenir en el caso, y quien designó a los abogados que representan al Estado en las demandas que Correo le inició al propio Estado, por sumas millonarias. Fue director suplente, director titular y apoderado de la empresa de la Familia Macri.
Fuente: Diario Pulse
