La Corte Suprema definió por unanimidad este martes otorgarle al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, la asistencia que solicitó ante los legisladores de la comisión de Libertad de expresión de la Cámara de Diputados el miércoles de la semana pasada. La decisión llega después de que el Gobierno nacional anunciara el viernes que le iniciaría al magistrado un juicio político para destituirlo del cargo. Se trata entonces de un nuevo cruce entre el máximo tribunal y el Poder Ejecutivo, que ya mantuvieron varias diferencias luego del cambio de autoridades del año pasado.
«Autorizar la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura suscribir, partir del día de la fecha hasta el 31 de mayo del corriente año, los contratos favor de (dos) agentes -cuyas categorías presupuestarias continuación se detallan- para desempeñarse en el Juzgado Federal de Dolores. Secretario de juzgado Jefe de despacho», señala la acordada firmada este mediodía por unanimidad. Los cargos son los de un secretario y un jefe de despacho. El gasto de las contrataciones correrá por cuenta del presupuesto en curso del poder judicial o bien, si las personas designadas son de planta permanente de la justicia, tendrán licencia sin goce de sueldo en sus anteriores funciones. Además, le asignaron el uso de un vehículo Chevrolet Cruze, embargado por el juez federal Sebastián Casanello –en el marco de otra causa– y que estaba disponible para su uso por parte del máximo tribunal.
La rúbrica de los cinco ministros se hizo efectiva tras el acto de inauguración del año judicial encabezado por el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, en el que estuvieron presentes jueces y fiscales de todo el país, además del ministro de Justicia, Germán Garavano. En declaraciones a la prensa, el funcionario del Gobierno nacional ratificó sus críticas al magistrado aunque evitó confrontar con la Corte. «Nos parece bien que si un juez está en funciones reciba el apoyo que deba recibir», sostuvo el ministro.
Durante su participación en la comisión que preside el diputado Leopoldo Moreau, el juez de Dolores señaló la falta de colaboración por parte del Ejecutivo. Entre otras cosas, Ramos Padilla reveló que había solicitado trasladar desde la cárcel de Ezeiza hasta su juzgado al falso abogado y operador judicial, Marcelo D’Alessio, para ampliar su declaración indagatoria pero que desde el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de Garavano, le habían respondido «que no tenían ni iban a tener nafta hasta el 23 de marzo» para realizar ese viaje. Finalmente la ampliación de la indagatoria se hizo mediante videoconferencia.
Posteriormente a esa presentación en el Congreso, el Ministerio de Justicia anunció que le solicitaría al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahíques, que presente un pedido de juicio político al magistrado por presunta «pérdida de imparcialidad». La denuncia finalmente se concretó ayer lunes en el Consejo, quien sorteó el expediente para lo que impulse el consejero instructor perteneciente a la comisión de Discplina y Acusación. Fue designado Pablo Tonelli, diputado del PRO.
Página12
