El incremento del 40 por ciento para las tarifas de agua en la provincia de Buenos Aires entrará en vigencia dentro de treinta días. La decisión confirmada ayer lleva la firma de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. El incremento recaerá sobre los más de 786 mil usuarios cubiertos por la concesionaria Aguas Bonaerenses SA (ABSA).
El aumento experimentado en las tarifas eléctricas, las subas en los combustibles y el impacto de la devaluación sobre sus insumos químicos figuran entre las principales razones esgrimidas por la compañía para reclamar la suba de tarifas. Asociaciones de usuarios y la Defensoría del Pueblo provincial cuestionan la magnitud de los aumentos validados por las autoridades bonaerenses y reiteraron advertencias sobre la calidad del servicio. El jueves se realizará la audiencia pública para habilitar el incremento en las tarifas de AySA.
El decreto firmado por Vidal argumenta que la suba del 40 por ciento se justifica por “el incremento en los costos de energía eléctrica; insumos químicos –cuyo valor se fija en moneda extranjera–, remuneraciones y cargas sociales del personal, combustibles, gastos de operación y mantenimiento, gastos administrativos y comerciales sumado a la necesidad de sostener el plan de recambio de cañerías de los servicios públicos de agua potable y desagües cloacales”. La magnitud de la suba fue informada por ABSA en diciembre del año pasado.
Al momento del pedido la empresa argumentó la necesidad de subir los precios para “no alterar el equilibrio alcanzado de la ecuación económico financiera de la concesión de la empresa”. La audiencia pública necesaria para legitimar el nuevo cuadro tarifario se realizó a comienzos de febrero.