Por segunda vez en pocos meses el Bar Yrigoyen fue clausurado. El trasfondo de la medida, tal vez arbitraria, recuerda al caso de Búnker Multiespacio. LOT dialogó con Jorge Terille, uno de los emprendedores que es socio del lugar.
¿Por qué lo clausuran ahora?
Hace casi un mes hubo una denuncia de ruidos molestos. Supuestamente se tomaron medidas con el decibelímetro en uno de los departamentos lindantes, sin fotos del decibelímetro, sin testigos.
¿No había nadie en representación de ustedes?
Inventaron los números, no hay registro de que en ese momento los decibeles estuvieran como dicen ellos. No había testigos, eso lo podes fraguar haciendo unas palmas o inclusive hablando. La clausura la hacen justo en este fin de semana porque nos quieren partir al medio. Toman la decisión apresurada porque no hay una sentencia firme, y lo que dice el juez es que cuando haya sentencia firme se aplique la clausura.
Recuerda al caso de Bunker Multiespacio, ¿Es por el tipo de público? ¿Con qué otros bares suceden estos problemas?
No es el público común de la media tandilense, en otros bares ni se mide. Porque tampoco tienen la gente capacitada para usar el aparato. Tiene que ir un ingeniero, los inspectores no lo saben usar porque no es ir con el aparato, prenderlo y salir diciendo los decibeles.
Los bares de reunión son para que exista un intercambio cultural, por eso es la persecución y por eso es importante que haya heterogeneidad, que no sea todo para el mismo público que ellos pretenden. Porque acá si te pones chomba rosa y saltas arriba de una mesa y rompes una botella como pasa en Molly que se tiran botellazos pero son estudiantes de veterinaria, esa gente sí les gusta.
¿Es una cuestión cultural?
La batalla es cultural porque casualmente estamos metidos en un lugar donde vive mucha gente con mucha llegada al intendente, que además son los dueños del treinta o el cincuenta por ciento de los locales del centro, los tres o cuatro que tenemos alrededor. Enfrente vive la hija de Lunghi, que hizo correr la parada del colectivo porque le molestaba el ruido.
Alejandro Ruffa (Director General de Inspección y Habilitaciones del Municipio) en su apuro, su ensañamiento y el poder que tiene nos manda arbitrariamente a clausurar. Afectan a un montón de gente porque se apuran en aplicar una sentencia.
¿Cuántos puestos de trabajo se están afectando?
Somos dos socios y hay cuatro personas más trabajando. También hay gente como el verdulero por ejemplo, que ayer me llamó y él cuenta con la plata de lo que le compro, lo mismo el carnicero o con la cerveza. Nos afecta a nosotros, a los proveedores.
Lo cobraré en dos, tres, cinco años pero esto al Municipio le va a salir dinero porque me van a tener que resarcir por haber aplicado una clausura indebidamente. Tenemos perjuicio nosotros y los empleados.
