La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tratará la desaparición de Santiago Maldonado en una audiencia prevista el próximo 23 de octubre, a la que convocó a familiares del joven de 28 años y también a funcionarios del gobierno nacional. En ese marco, ayer, el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, advirtió: “Hoy estamos ante una situación de emergencia grave, que hay que esclarecer”. Tras haber reclamado desde la CIDH una pronta resolución del caso, ahora Eguiguren consideró que ya han dado “un tiempo prudente para que la investigación avance”.
A más de dos meses de la desaparición de Maldonado, que fue visto por última vez después de la represión de Gendarmería en la Comunidad Pu Lof de Resistencia Cushamen, el titular de la CIDH manifestó estar preocupado por el curso de la investigación, al igual que la ONU, que anteayer emitió una dura nota de seguimiento al Estado para que informe “las razones por las cuales las autoridades a cargo de la búsqueda del señor Maldonado y de la investigación de su desaparición esperaron más de un mes para tomar en cuenta de forma efectiva todas las hipótesis investigativas disponibles”.
En la misma línea, Eguiguren aseguró que a la CIDH le interesa saber “el estado de seguimiento y cumplimiento de la cautelar” otorgada el 22 de agosto para la protección de los derechos de Santiago, en la que el organismo concluyó que los derechos a la vida e integridad personal del joven de 28 años estaban “en una situación de grave riesgo”.
“El tiempo transcurre y se espera que, a partir de la cautelar, nos envíen información más concreta”, requirió Eguiguren, en diálogo con Radio 10. Afirmó que, en la audiencia convocada en Montevideo, “podrán reunirse más de frente y formar una opinión más clara” sobre las acciones que desarrollaron desde el Gobierno para encontrar a Maldonado.
Lejos de dar cumplimiento a las medidas solicitadas por los organismos internacionales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, resaltó durante el fin de semana que la ONU “se deja guiar por “un grupo que tiene intereses políticos”, y consideró que escucha una sola voz y no “la voz de todos”.
Pero el presidente de la CIDH no sólo manifestó preocupación por el caso Maldonado. Eguiguren también cuestionó el rol del Estado nacional respecto de Milagro Sala y reclamó que Argentina cumpla con la medida cautelar de la CIDH. “Nos alarma mucho el retorno de Sala al penal”, dijo, en referencia a la revocación de la detención domiciliaria, dispuesta por la Justicia. “Tienen que darle cumplimiento a nuestra cautelar, que fue sustentada con argumentos jurídicos”, agregó. “El tiempo transcurre”, señaló, y el organismo sigue esperando que, a partir de la medida cautelar solicitada, se les envíe “información oficial más concreta” sobre la situación de Milagro Sala. Para Eguiguren, el Estado argentino puso “en riesgo” la “estabilidad emocional y la vida” de la dirigente de Túpac Amaru.
Además, el titular de la CIDH respondió los dichos del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien había desacreditado a la CIDH. “No somos burócratas –precisó–, ni vivo en Washington”.
