Aranguren: “Mi obligación es trasladar a tarifas el costo”

El Ministro de Energía y hombre fuerte de la compañía angloholandesa «Shell», Juan José Aranguren, criticó al Magistrado Luis Arias por haber suspendido el tarifazo eléctrico en la Provincia de Buenos aires. El ministro cuestionó que se haya frenado el aumento de la luz afirmando que no se respetó el criterio de razonabilidad que estableció la Corte Suprema. “¿Quién decide lo que es gradual? Para eso están las elecciones”, aseguró Aranguren.

 

Por Fernando Krakowiak | Página/12

 

El aumento es razonable porque sino está en riesgo el abastecimiento”, aseguró ayer el ministro de Energía, Juan José Aranguren, al ser consultado sobre el fallo judicial que frenó la suba de la tarifa eléctrica en la Provincia de Buenos Aires. Luego de haber acompañado al presidente Mauricio Macri en su gira por Asia, el funcionario recibió a un grupo de periodistas en su ministerio y salió al cruce del juez Luis Arias. “¿Quién decide lo que es gradual? Para eso están las elecciones”, respondió al ser consultado por PáginaI12 sobre el nuevo freno al tarifazo decidido por el magistrado con el argumento de que las subas no son razonables. Al ser consultado sobre los nuevos aumentos previstos para fin de año, sostuvo que todavía no están definidos. “Tenemos que ver la evolución de los costos para tomar una decisión”, sostuvo. Además, respondió a las críticas de las pymes, adelantó cuáles serán los pasos para que la construcción de las represas se inicie en septiembre, confirmó que Atucha II está parada por un problema técnico y reveló que Techint se quedó con la licitación para construir la obra civil del reactor CAREM tal como había anticipado este diario (ver aparte).

–El fallo del juez Arias dice que las subas aplicadas en el sector eléctrico no respetan el criterio de razonabilidad que estableció la Corte el año pasado –le preguntó  PáginaI12.

–¿Qué es razonable?

–El juez dice que el aumento no es razonable. Por eso le pregunto a usted cuál es su opinión.

–Cuando hablamos de razonabilidad tenemos que hablar de tiempos. Entre 2003 y 2015, los sueldos en Argentina aumentaron en promedio 1600 por ciento, el tipo de cambio 1500 por ciento, la inflación, aún aquella que considerábamos que no era la real, 1300 por ciento y las tarifas en Edenor y Edesur 200 por ciento, ¿qué es lo razonable?

–Tal vez no sea razonable que las empresas recuperen en cuatro años lo que perdieron en 12 años por el congelamiento de tarifas. 

–Consideramos que sí, que el aumento es razonable porque sino está en riesgo el abastecimiento. Además, no es lo que perdieron las empresas, es lo que perdió la Argentina porque lo que las empresas no recibieron como tarifas lo pagamos con inflación al subsidiar. Si hoy hay un juez que dice que la tarifa no puede aumentar más que el aumento salarial la perdida que hubo en los últimos años no se recupera nunca y todos los argentinos, aún los que no consumen energía, van a estar subsidiando a los que sí consumen. Considero que la Corte ya se expidió y se discutirá en el ámbito de la Justicia si queremos más de lo mismo o resolver el problema. Igual insisto que nuestra obligación es trasladar a tarifas el costo, que es cumplir con la ley. Si alguien mañana cambia la ley 24.065 tendremos que cumplir otra ley. Hoy la ley dice que la tarifa tiene que reflejar el costo económico de producción, y aún dentro del criterio de razonabilidad el juez tiene que acogerse a lo que la ley dice. Si dice que eso no es razonable está incumpliendo con la ley.

–Ese argumento se lo plantearon a la Corte y no le dio lugar.

–Sí, la Corte dio lugar. Lo único que dijo es que teníamos que realizar la audiencia pública y la hicimos.

–La Corte habló de aplicar criterios de razonabilidad.

–Correcto. Y aumentamos las tarifas el año pasado y este año y la Corte no dijo nada. Si hubiésemos sido irrazonables la Corte tendría que haber actuado. ¿Qué presentación hizo CEPIS (el centro de estudios que impugnó judicialmente el tarifazo el año pasado)? Debo asumir que el aumento fue razonable. El juez Arias ahora decidió decirle a la Provincia de Buenos Aires que el aumento no es razonable. Los jueces también fallan políticamente.

–¿Por qué cree que es un fallo político? 

–Porque estar decidiendo hoy que se deben subir las tarifas tomando en cuenta el aumento salarial y no haber aplicado ese criterio durante los últimos doce años significa que nunca vamos a solucionar el problema.

–Las tarifas podrían subir, pero más gradualmente  

–¿Quién decide lo que es gradual? Para eso están las elecciones. Para que si el criterio arbitrario de esta administración no es el correcto venga otra administración y lo haga mejor.

La semana pasada el gobierno prorrogó hasta 2019 un subsidio para unas 800 grandes empresas electrointensivas y además creó un nuevo segmento de “ultraelectrointensivos” que pagarán apenas un cuarto del costo real de la energía, beneficio destinado exclusivamente a Aluar, Ferroglobe y Electrometalúrgica Andina (EMA).

–Las pymes se quejan de que el Estado subsidia a las grandes firmas mientras ellas no pueden pagar la factura  –le preguntó este diario.

–No es mi área de incumbencia discriminar entre empresas, es una tarea del Ministerio de Producción, pero no le voy a eludir la respuesta: Las pymes tienen otros beneficios que no tienen las grandes empresas. Por ejemplo, una ley particular que les acerca financiación especial. Cuando comparamos tenemos que comparar todo.

 

Aranguren-Shell

 

La semana pasada el presidente Macri anunció en China que en septiembre se reiniciará la construcción de las represas sobre el Río Santa Cruz con financiamiento del gigante asiático. Aranguren, quien acompañó al mandatario en la gira, dio detalles sobre los pasos que se seguirán para poder cumplir con la promesa. “Hicimos el estudio de impacto ambiental, lo que nos llevó a confirmarle al presidente que las represas son viables ambientalmente en la medida que se cumplan ciertos planes de compensación para proteger la flora y la fauna. La semana próxima va a ser entregado formalmente a los ministerios involucrados Nación y la provincia de Santa Cruz para que a fin de junio dictaminen. Luego se le va a solicitar al Congreso que convoque a una audiencia pública para mediados de julio. El Congreso tiene la obligación de emitir un dictamen no vinculante dentro de los 30 días posteriores a la audiencia pública. Luego nos tenemos que presentar en la Justicia de primera instancia de Capital pidiendo que levanten la cautelar y alrededor de septiembre estarían reanudándose las tareas”, concluyó.

 

fkrakowiak@pagina12.com.ar 

Redaccion

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Volver arriba