Este Consejo se manifiesta en contra de los discursos punitivos que se basan en la supuesta «puerta giratoria» vinculada a la forma en que los menores de edad atraviesan el sistema judicial, afirmando y poniendo el énfasis en inexistencia de límites y castigos. Dichos discursos fomentados desde los medios de comunicación no se corresponden con la realidad que efectivamente atraviesan los jóvenes y sólo terminan reforzando estigmatizaciones y confundiendo a la sociedad.
«Actualmente existen alrededor de 645 jóvenes detenidos en la Provincia de Bs As., 523 en centros cerrados, 115 en centros de contención semi-abiertos, otros en unidades penales de adultos (ya cumplieron 18 años de edad) y alrededor de 23 con medidas de seguridad (menores de 16 años-sin proceso) (datos del 15 de diciembre de 2016)».
Pese a que en términos estadísticos el número de delitos graves realizados por menores es muy bajo, desde los medios se lo magnifica reforzando el sentido común y promoviendo un pensamiento a favor del encierro.
«La intervención de menores en delitos graves es estadísticamente baja como para justificar las reiteradas arremetidas de medios y políticos oportunistas contra los jóvenes. De las estadísticas de la Procuración General de la Prov. De Buenos Aires, se desprende que normalmente el delito juvenil asciende a un porcentaje que oscila en el 3.5% del total, del cual sólo el 1% refiere a delitos graves».
Promover la aplicación de mayores penas hacia los menores de edad resulta una respuesta rápida y falaz a la problemática de la inseguridad, que no aborda el verdadero origen del problema. Debiendo implementarse políticas públicas que apunten a la garantización del sistema de promoción y protección de derechos, en lugar de fomentar acciones que refuerzan la exclusión social.
En este sentido, el Consejo advierte que a nivel nacional la Ley 26.061 no se encuentra reglamentada en su totalidad, y reclama la implementación efectiva de la figura del Defensor del Niño.
«A partir de la búsqueda de niveles de mayor equidad social, económica y cultural, centrados en la provisión de una educación pública de calidad, con niveles dignos de acceso a la salud, a la alimentación y el hábitat, será posible pensar en una sociedad sin violencia, que cuide a todos los niños, niñas y adolescentes en lugar de condenar a gran parte de ellos a los márgenes de la sociedad.»
Por eso sostenemos NO A LA BAJA en la edad de PUNIBILIDAD.
