Este 24 de marzo se conmemoran 41 años del último golpe cívico-militar ocurrido en Argentina. Ese día de 1976 las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón, dando inicio al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que llevó adelante un programa de profunda transformación de la economía, la sociedad, la cultura y la política sustentado en políticas represivas de alto impacto y gran alcance que se engloban en el concepto de terrorismo de Estado.
De esta manera comenzaba la dictadura más feroz que nuestra breve historia nacional haya conocido.
Se implantó un plan de persecución y exterminio de los opositores al gobierno de facto, con un saldo de 30.000 personas desaparecidas, más de 500 niños/as apropiados y miles de detenidos/as políticos/as.
Este plan fue la punta de lanza de un proceso de desguace de la industria y el Estado en beneficio de la acumulación de capital por parte de los especuladores financieros de dentro y fuera de nuestras fronteras, con el funesto corolario de una guerra de Malvinas encarada por los mandos militares a costa de la valentía y entrega de tantos jóvenes soldados con el sólo objetivo de perpetuarse en el poder y no de defender los soberanos derechos sobre las islas del atlántico Sur.
La dictadura tuvo también un programa de políticas universitarias que acompañó a las políticas represivas desencadenadas entre 1976 y 1983 y establecían el control político-ideológico sobre el gobierno y la enseñanza; la reducción de la matrícula en las universidades públicas grandes y el crecimiento de la matrícula del sector privado universitario y del ámbito de la enseñanza superior no universitaria; el desplazamiento de la investigación hacia ámbitos extra-universitarios y la sanción de la nueva ley universitaria.
Se impusieron mayores restricciones a la autonomía universitaria y se practicó sistemáticamente el ejercicio de la violencia sobre sus autoridades, profesores, investigadores, estudiantes, graduados y empleados, muchos de los cuales fueron objeto de exoneraciones, exilio o se contaron entre las personas asesinadas o «desaparecidas», primero por el accionar de organizaciones armadas como la Triple A entre 1974 y 1976 y, luego, por el terrorismo de Estado de la última dictadura.
Hacer memoria y reflexionar sobre las nefastas consecuencias del terrorismo de Estado tiene una implicancia fundamental en el rumbo de nuestro presente, y es necesario para impedir el resurgimiento del autoritarismo y la violencia y para generalizar y extender las conquistas de más y mejores derechos para todos los seres humanos.
Por este motivo es que desde la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, valoramos que desde la recuperación de la democracia los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas de la dictadura y los/las sobrevivientes hayan persistido en su lucha pacífica que nos permitió como país iniciar un proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar. Entendemos que esta es una de las bases sobre las que se consolida el estado democrático.
Los juicios que se llevaron adelante en el país y en nuestra casa de estudios, junto con la reconstrucción de la verdad, la promoción de la memoria, la búsqueda de los niños y las niñas apropiadas y las políticas integrales de reparación son reconocidos hoy en día por toda la comunidad internacional.
Como Universidad hemos recorrido también un camino de avance en materia de derechos humanos a través de diversas acciones en materia de memoria, verdad y justicia, comprendiendo asimismo la necesidad de una ampliación sostenida de los derechos económicos, sociales y culturales. Por eso es que en este día reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una cultura de los derechos humanos en democracia y de respeto de las instituciones para vivir en una sociedad cada vez más justa e igualitaria.
CONSEJO SUPERIOR UNICEN