La Asociación de Abogados de Tandil, presidida por el Dr. Gastón Argeri, pidió mediante una carta dirigida al Jefe Regional de ANSES, Mariano Pereyra Iraola, que «se arbitren los medios pertinentes para hacer cesar el hostigamiento, persecución y malestar para con los abogados que se genera en la UDAI Tandil, a cargo del Dr. Cristian Salvi, quien se desempeña como Jefe de la misma, bajo su coordinación y dependencia, en forma inmediata y en carácter de urgente».
En la misma se asegura que el denunciado mantiene un «accionar hostil, confrontativo, despectivo y violatorio del decoro que impone al trato que debe brindarse a los abogados en el ejercicio de su función», y aseguran contar con «material fílmico que se nos hiciera llegar oportunamente, mediante el que se comprueba» dicho accionar.
Los abogados entienden que Salvi «ha menospreciado la profesión del abogado, en relación al Programa de Reparación Histórica, vertiendo manifestaciones tales como «lo único que tienen que hacer es poner la huella digital», «no tienen que asesorar nada porque es un contrato de adhesión», entre otras desafortunadas expresiones».
En otros pasajes de la carta los abogados detallan las actuaciones del Dr. Salvi, que explican las malas intenciones hacia ellos:
«El punto cumbre ocurrió el 10 de febrero de 2017 y hasta la actualidad, en que el Dr. Salvi, bajo un pretendido derecho de información a los beneficiarios, ordena a su personal subalterno y en muchos casos él mismo toma la palabra e interroga al adulto mayor beneficiario del programa de reparación histórica, que concurre junto a su abogado elegido con antelación, al turno en la fecha y día asignados, de forma invasiva. Si el adulto mayor ratifica estar plenamente conforme con el abogado por él elegido originalmente, el Dr. Salvi en persona y/o su empleado subalterno, comienzan nuevamente con el mismo interrogatorio hasta que en general el letrado elegido por el beneficiario que se encuentra en una posición indignante escuchando semejante indebido e indecoroso accionar, no detenta otra alternativa más que reaccionar airadamente denunciando el atropello vejatorio para con la profesión jurídica, dejándose constancia que estos entredichos, a todas luces innecesarios, provocan situaciones de extremo estrés, no solo en el letrado actuante y personal de Anses que se ve involucrado por orden del Dr. Salvi, sino fundamentalmente el adulto mayor que se presencia toda esta discusión y es partícipe del interrogatorio; y que en más de una ocasión, ha sufrido un principio de descompensación y/o malestar general. No sería extraño pensar que en cualquier momento, de continuar el Dr. Salvi con tan imprudente actuar, uno de los adultos mayores sufra un episodio en su salud que a posteriori, la administración deberá responder en virtud de haber generado dicha situación».
Piden «que cesen las graves inconductas y situaciones denunciadas».
En ese sentido los letrados piden a Mariano Pereyra Iraola «que cesen las graves inconductas y situaciones denunciadas» y agregan que «Desde la UDAI Tandil se direcciona a los adultos mayores a determinados estudios de abogados. Es más, se nos ha hecho saber incluso, por el propio Dr. Salvi en reunión mantenida en fecha 15/02/2017, con el suscripto, conjuntamente con el Secretario de la asociación, Dr. Lucas Sanz y el asociado Dr. Diego Blundo, que ha distribuido en determinados centros de jubilados de Tandil, un listado de abogados de la localidad de Olavarría, a fin de que éstos centros de jubilados direccionen a los adultos mayores a efectos que consulten con dichos profesionales. Esta situación no puede ni debe tolerarse».
«Nuestra asociación detenta casi 60 años de historia, siempre hemos representado a la mayoría de los abogados de Tandil y lo seguimos haciendo. A lo largo de casi seis décadas, hemos atravesado situaciones conflictivas en el ejercicio de la profesión, pugnando con distintos funcionarios de diversos gobiernos, de todas las orientaciones políticas. En ningún momento, la intolerancia y el actuar indebido de un funcionario ha sido tal, que nos veamos en la dolorosa obligación de solicitar se arbitren los medios necesarios para cesar el actuar indebido denunciado».
Por último le hacen saber a Pereyra Iraola que «por el supuesto de no obtener en forma urgente una respuesta satisfactoria, nos veremos obligados a adoptar otras medidas, tales como acciones con otros sectores sociales, presentaciones ante el Colegio Departamental y provincial y/o judiciales».
