El editorial del diario La Nación que atrasa casi un siglo

El diario La Nación, propiedad de la familia Mitre, publicó ayer un preocupante editorial donde propone, sin tapujos, la necesidad de eliminar derechos laborales y flexibilizar las formas de contratación para “mejorar  la competitividad”.

Bajo el título “Un cambio indispensable en las relaciones laborales” el editorial se alinea con el discurso del Presidente Mauricio Macri en materia de derechos laborales y cimenta su argumentación en la “herencia recibida”, al tiempo que naturaliza el exceso de empleo público y considera que es necesario reemplazarlo por trabajo privado genuino.

El diario tradicional de la derecha argentina advierte que “toda imposición o carga sobre el salario induce a la sustitución de mano de obra por capital”. No hace falta ser un hábil exegeta para comprender el mensaje. Las conquistas de nuevos derechos por parte a la clase trabajadora implican mayores desembolsos económicos para los empresarios quienes, en el marco de la puja distributiva, deciden apostar a tecnología que reemplace mano de obra “afectando el nivel de empleo”, es decir, dejando gente en la calle. Las máquinas no reclaman derechos ni exigen salario. Sólo mantenimiento y, a veces, ni eso.

La Nación reclama “una reforma laboral” en donde “la negociación de salarios y condiciones de trabajo tenga en consideración la productividad y los límites y posibilidades de cada empresa”. Un argumento que ya se usó durante los años del menemismo, cuando el padre del actual Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, intentaba con este eufemismo derogar de facto las negociaciones colectivas para dar lugar a los llamados convenios por empresas. Así y todo, el concepto de “negociación por productividad” funciona como un argumento que busca hacer participar a los trabajadores del riesgo empresario, socializando las pérdidas pero no las ganancias. Por otro lado, los factores de productividad de una compañía y sus márgenes de rentabilidad están íntimamente ligados a condiciones que no son controladas por la fuerza laboral. Aspectos macroeconómicos y decisiones políticas pueden atentar contra la sustentabilidad de una empresa y están lejos de la responsabilidad de los trabajadores. Lo mismo ocurre con las decisiones que toman los accionistas de una empresa y que pueden afectar esa productividad. Una hipotética discusión salarial por productividad será imposible sin un control estricto de los trabajadores de los libros contables de las empresas para poder auditar esa productividad. Por otra parte, la negociaciones paritarias de trabajadores vinculados a sectores de servicios, como la salud o la educación,  donde la productividad es más difícil de medir con criterios objetivos, quedarían expuestos a la arbitrariedad patronal que siempre intenta negociar salarios a la baja o, directamente, no negociar.

“Se debería asignar preferencia a los acuerdos laborales de nivel menor (empresa o sector geográfico) por sobre los acuerdos colectivos o paritarias en el nivel de sector de actividad. Sólo un acuerdo de salarios y condiciones laborales en el nivel de empresa, con sus propias ventajas y dificultades, asegura la convergencia de intereses entre el empresario y sus empleados y trabajadores” destaca el editorial que busca suprimir, de hecho, las negociaciones colectivas que los sindicatos realizan en el marco de todo un sector de la economía, sean mineros, madereros, plásticos, químicos, estatales, docentes, petroleros, camioneros o ferroviarios, por citar algunos ejemplos.

Intentar llevar las negociaciones entre trabajadores y patrones al plano de la empresa perjudica indefectiblemente a la parte más débil de esa relación de fuerzas. Lo único que tiene el trabajador para ofrecer en esa negociación es su cuerpo, su fuerza laboral. La dispersión de los reclamos y la fragmentación de la fuerza sindical contribuyen a debilitar, aún más, la posición de los trabajadores. La experiencia de las ‘paritarias por empresa’ sólo sirve para acentuar la dispersión salarial en una misma rama de actividad, imponiendo desigualdades manifiestas en donde trabajadores que realizan una misma tarea en iguales condiciones perciben salarios muy distintos dependiendo de la empresa y el lugar donde esté emplazada.

Por otro lado, en su propuesta de reforma laboral, el editorial destaca la necesidad de hacer a un costado el rol del Estado como árbitro de esa tensión distributiva y propone que la negociación sólo sea entre las dos partes interesadas. “Debe eliminarse la obligatoriedad de la homologación de la autoridad administrativa, que lejos de ser un control eficaz, a menudo se constituyó en un obstáculo para los contenidos que se pretendían incorporar entre las partes signatarias. El arbitraje oficial debiera ser la última instancia frente a desacuerdos que no puedan ser resueltos por las partes. La condición aconsejable es que el árbitro deba optar por una u otra posición, no pudiendo resolver ni sugerir ninguna posición intermedia o distinta”, es decir el Estado sólo puede observar y arbitrar pero, en modo alguno, podría proponer alternativas que solucionen el conflicto de intereses.

Asimismo realiza un elogio a la flexibilización laboral: “la forma de incentivar y facilitar la demanda de trabajo es flexibilizar y facilitar la contratación” esas formas contractuales que siempre abonaron a la precarización laboral. “El período de prueba, el contrato de plazo fijo flexible y otras formas de contratación modulares son instrumentos eficaces de promoción del empleo y reducción de los costos laborales” indica y advierte que “los nuevos procesos y el avance de las tecnologías hacen necesaria la multifuncionalidad, la polivalencia funcional y la jornada variable o flexible”, es decir, cargar las tareas de varios trabajadores en uno solo, imponiendo la necesidad de desempeñar distintas funciones en una jornada variable, pero con el menor nivel posible de organización colectiva para evitar la potencia que podrían adquirir los reclamos por derechos laborales.

También pide premiar a quien genere nuevos empleos “con la reducción o el diferimiento de las cargas sociales cuando se crean nuevos puestos de trabajo y cuando se tomen personas con discapacidades y dificultades para reinsertarse” afectando las futuras jubilaciones de los trabajadores.

Finalmente La Nación solicita eliminar la indemnización y sustituirla por “un sistema contributivo” que “aseguraría un régimen eficaz de amparo frente a la desocupación, y a la vez establecería costos previsibles para las empresas”. La reforma propuesta, alineada con la conducción del actual gobierno nacional, prevé la formación de “un fondo con aportes del trabajador y contribuciones del empleador” y advierte que los administradores de estos fondos podrían ser “entes autónomos”, en un claro guiño al sector financiero que miraría con buenos ojos un nuevo negocio con el dinero de los trabajadores. La argentina tiene alguna experiencia en ese sentido con los fondos de pensión y capitalización individuales y el latrocinio que provocaron las AFJP en el sistema previsional argentino.

Finalmente el diario de la familia Mitre cierra su posición editorial con un claro posicionamiento político: “El país está frente a una muy difícil coyuntura económica y social como consecuencia de la herencia recibida de la gestión kirchnerista. Pero está también frente al enorme desafío y la oportunidad de una profunda transformación. La reforma laboral es, sin duda, uno de los puntales del cambio estructural que puede llevar a la Argentina al Primer Mundo que nunca debió abandonar”. Ese país que añora el editorialista no es otro que el del mito de la Argentina granero del mundo, donde un puñado de familias, la oligarquía local, acumulaban la mayor parte de la riqueza generada en el país y sometiendo a la pobreza y la exclusión a la mayorías populares que debían conformarse con los retazos de una injusta distribución del ingreso. Y esto último no es una opinión, son datos duros que pueden encontrarse en cualquier libro, más o menos serio, que relate la historia argentina.

Marcos Aguilera

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