Ha tenido poca difusión en Tandil el Decreto 591/19 que lleva la firma del Presidente Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña y del ministro de Producción, Dante Sica, a pesar de que la problemática de los residuos está latente en nuestra ciudad. El abogado ambientalista Enrique Viale se refirió de manera crítica a este decreto, una medida que calificó como «inconstitucional”. Llama la atención que el tema no haya sido tratado por el Congreso y por la Secretaria de Medio Ambiente.
Cuando en 2017, en el marco de la Mesa GIRSU, realizamos un análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA) de la gestión de los RSU en Tandil, la reciente decisión de China de dejar de importar residuos reciclables, argumentando frente a la Organización Mundial del Comercio que “grandes cantidades de desperdicios contaminados o incluso tóxicos se mezclan con desperdicios sólidos que podrían utilizarse como materia prima (…) [y] esto contamina gravemente el medioambiente en China”, aparecía para nosotros como una Amenaza. Esto lo relacionábamos a que parte del plástico que se enviaba para reciclar desde Tandil a Buenos Aires terminaba en el país asiático. El cierre de esa vía –creíamos- podía afectar el destino que le dábamos a estos reciclables. Finalmente supimos que el porcentaje de estos residuos que partía en barco hacia China era mínimo y, por consiguiente, la medida que impulsaba el gigante asiático, en ese sentido, no nos afectaba.
Pero había algo que no logramos anticipar en ese momento. Y era que, si China, que era el país que recibía la mayor cantidad de residuos plásticos desde Estados Unidos y Europa, dejaba de importarlos, los países desarrollados iban a tener que buscar nuevos destinos para esos residuos; nunca imaginamos que uno de esos destinos podía ser la Argentina.
Trabajo durante el Taller FODA 2017 en la Mesa GIRSU
El contexto
Antes de comentar el reciente Decreto presidencial que modifica la Ley de Residuos Peligrosos, analicemos brevemente qué ocurrió en el mundo cuando los países desarrollados buscaron nuevos destinos para esos “residuos”.
Una importante investigación llevada adelante por el prestigioso diario The Guardian mostró hace un tiempo que, desde que China decidió cerrar las importaciones, los plásticos de Estados Unidos se volvieron una “papa caliente” que empezó a rebotar como una pelota de ping-pong entre diferentes países. Desesperadas, las autoridades norteamericanas buscaron nuevos sumideros para sus desechos, entre los que se encontraron los países más pobres del mundo, donde las regulaciones ambientales eran muy débiles o inexistentes: Laos, Bangladesh, Etiopía, Senegal, etc. También países en desarrollo, como Turquía, donde la decisión de recibirlos interfirió en los esfuerzos locales para recuperar sus propios residuos. Otra investigación del mismo diario señaló el aumento del envío de esos residuos a otros países como Vietnam, Malasia o Corea del Sur. La decisión de India, un año después de China, de prohibir la importación de esos residuos, implicó que otros países –como Australia- entren también en una crisis de su sistema de reciclaje.
En este nuevo escenario, los países que aceptaron recibir estos residuos, rápidamente descubrieron que los miles de conteiner de “reciclables” incluían –muchas veces- residuos de todo tipo, llegando incluso hasta tener que devolverlos.
Un cartonero indonesio Suparno, de 60 años, se para frente a la quema de desechos plásticos en un vertedero de plástico importado en Mojokerto. Fotografía: Fully Handoko / EPA
El escándalo ha sido tal que, en mayo del 2019, más de 180 países acordaron, en Naciones Unidas y a través de un tratado que amplía el Acuerdo de Basilea, prohibir los envíos internacionales de plásticos difícilmente reciclables. Sin embargo, un país muy importante no firmó ese tratado: los Estados Unidos.
Volvamos, ahora sí, al Decreto presidencial.
Los puntos más sobresalientes
La Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, en su artículo 3°, prohíbe “la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos provenientes de otros países al territorio nacional y sus espacios aéreo y marítimo”. El Decreto 831/93, que reglamenta dicha Ley, establece también en su Art. 3° que se incluyen en la definición anterior “aquellos productos procedentes de reciclados o recuperación material de residuos que no sean acompañados de un certificado de inocuidad sanitaria y/o ambiental, según el caso, expedido previo al embarque por la autoridad competente del país de origen, y ratificado por la Autoridad de Aplicación, previo al desembarco”. Esto, en realidad, ya estaba vigente a través del Decreto 181/92, que establece lo mismo.
El Decreto 591/19, modifica estos últimos dos decretos, introduciendo cambios que ameritan considerar, al menos, tres cuestiones: la primera se refiere a que la norma elimina el requisito de inocuidad y peligrosidad de origen. Si bien el gobierno sostiene que en la práctica estos certificados ya no se expiden ¿Cómo podemos estar seguros de que no ingresen residuos peligrosos? Cuando se expresa permitir el ingreso de «sustancias y objetos», procedentes de otros países, esto va incluso en contra de lo que establece la Constitución Nacional, la cual explicita en su Art. 41 que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras (…) Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.”
La segunda cuestión está vinculada al daño que la medida provocará a la actividad de las cooperativas de cartoneros, ya que las importaciones van a bajar drásticamente el precio de los materiales que se recuperan de los residuos, algo que afectará tanto a las cooperativas como a los cartoneros independientes. Nicolás Caropresi, dirigente nacional del MTE y la CTEP, que agrupan a la mayoría de las cooperativas, fue contundente en sus declaraciones: “El decreto traslada una demanda de las grandes empresas para bajar el costo de los materiales y de las grandes potencias mundiales que no saben qué hacer con su basura a la espalda de los cartoneros. Como consecuencia nuestras familias verán reducidos sus ingresos». Por otro lado, teniendo en cuenta que el precio de venta de los materiales es el mayor incentivo que existe para mejorar su recuperación (ya que los precios de disposición final, o son inexistentes o son bajos), una baja en los mismos puede terminar disminuyendo el bajo porcentaje de recuperación de reciclables que tiene la mayoría de las ciudades argentinas.
Finalmente, el gobierno nos tiene acostumbrados a la ausencia de políticas ambientales y coincidimos con la opinión del abogado ambientalista Enrique Viale, quien remarcó el costado “sospechoso” de la norma: “un decreto muy misterioso, en silencio y totalmente inconsulto nos hace dudar si no hay algún negocio ya pactado por detrás”.
Pensamos que se toma una medida arbitraria, sobre un tema que nos puede ocasionar serios problemas, donde ni siquiera participa la Secretaría de Medio Ambiente. Asimismo, tratándose de una problemática como son los residuos, donde intervienen muchos actores, tendría que haber sido debatido en el Congreso, conjuntamente con instituciones y organizaciones sociales.
Si además tenemos en cuenta el contexto histórico e internacional en el cual se toma esta decisión, sobran las razones para estar alertas e impedir que se avance con una medida que nos perjudica a tod@s.
